Internacionales

El Tribunal Superior de Nairobi prohibió hoy el despliegue de mil policías de Kenia en Haití como parte de una misión multinacional de las Naciones Unidas, después de establecer que el Consejo de Seguridad Nacional keniano no tiene potestad para mandar a los agentes de seguridad al extranjero.

«Por la presente se emite una orden que prohíbe el despliegue de agentes de la Policía en Haití o en cualquier otro país», afirmó el juez Chacha Mwita al leer su sentencia

Mwita señaló que el Consejo de Seguridad Nacional de Kenia -un órgano formado por el presidente del país, el vicepresidente, el jefe del Ejército, el director general de los Servicios de Inteligencia y el inspector general de la Policía, entre otros- sólo podría enviar a los agentes kenianos al extranjero si existiese un «acuerdo recíproco» con el Gobierno anfitrión.

«No existe un acuerdo recíproco entre Kenia y Haití y por esa razón no puede haber ningún despliegue de la Policía en ese país», añadió.

El juez respondió de esta manera a la demanda que interpuso el pasado octubre el abogado y político opositor Ekuru Aukot, que argumentó que la Constitución de Kenia limita el despliegue de policías para operaciones dentro del territorio nacional.

Pese a que el Tribunal Superior de Nairobi ordenó ese mes el bloqueo temporal de la misión, el Parlamento de Kenia aprobó la iniciativa el pasado 16 de noviembre.

El Gobierno keniano también dio luz verde a la misión, si bien el ministro de Interior, Kithure Kindiki, indicó que el país debe recibir primero los 36.570 millones de chelines (unos 225 millones de euros) que estima que costará el despliegue.

El veredicto de esta corte supone un nuevo obstáculo para la misión de Kenia en Haití, que se ofreció a liderar un contingente multinacional para mejorar la seguridad del país caribeño aprobado el pasado 2 de octubre por el Consejo de Seguridad de la ONU.

El propio Gobierno haitiano pidió esa misión, que contó con el respaldo del secretario general de la ONU, António Guterres.

También varios países caribeños han mostrado su disposición para participar con un número indeterminado de agentes en la misión, incluyendo Jamaica, Barbados y Bahamas.

La ONU ha señalado que la misión no se asemejaría a una fuerza de paz o de interposición, como suele ser habitual, sino que sería una mera fuerza de apoyo policial a las órdenes de la Policía haitiana.

Haití está inmerso en una profunda crisis marcada por la violencia extrema, con grupos armados que controlan la capital, Puerto Príncipe, y otras partes de su territorio, y son responsables de centenares de asesinatos, violaciones, secuestros y otros crímenes. 

Kenia recordó ayer ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas las medidas urgentes coordinadas y secuenciadas que se deben tomar para que la misión que liderará en Haití tenga éxito.

En primer lugar, mencionó la necesidad de un firme apoyo multinacional con recursos suficientes, haciendo énfasis en fondos, equipamiento y logística.

En otro orden, la determinación de los líderes haitianos y de sus políticos de aprovechar el tiempo posterior al despliegue para unirse y llevar adelante un proceso político con el fin de celebrar elecciones creíbles y abarcadoras dentro de un plazo razonable.

Mencionó que se requiere de un esfuerzo múltiple coordinado entre el gobierno y las operaciones de seguridad junto a los organismos de las Naciones Unidas, a fin de respaldar los medios de vida y de fortalecer un crecimiento económico abarcador en los vecindarios más inseguros de Haití.

A medio plazo, manifestó que se debe trabajar para incluir las necesidades específicas del país haitiano en la reforma financiera internacional.

FORJAR CONFIANZA

En cuarto lugar, destacó la diplomacia y comunicaciones públicas sólidas para incluir a la sociedad civil y la empresarial con el fin de forjar confianza.

Destacó en quinto lugar que se debe cortar de raíz la entrada de armas y cortar el apoyo financiero a las pandillas delictivas en Haití.

El representante keniano dijo que hay que apoyar las capacidades del Estado en la prestación de servicios básicos a los ciudadanos más vulnerables, destacando que es clave para paliar la confianza y fortalecer el pacto social.

Sobre el sistema judicial penal destacó que debe seguir fortaleciéndose.

Un tribunal de Kenia bloqueó el viernes el plan "inconstitucional, ilegal e inválido" del gobierno de desplegar a un millar de policías en Haití, presa de la violencia de las bandas, en el marco de una misión respaldada por la ONU.

Este fallo supone un freno a esta fuerza multinacional, muy esperada por Puerto Príncipe, pensada para atajar el creciente caos en el pequeño país caribeño. Allí, la violencia de las bandas causó cerca de 5.000 muertos en 2023, de los que más de 2.700 eran civiles, según el último informe de Naciones Unidas.

Además de ese clima de terror generalizado, con sus habitantes forzados a huir o esconderse, el país atraviesa una de las "peores" crisis alimentarias del mundo, alerta el reporte.

Frente a los llamados cada vez más acuciantes del gobierno haitiano y de la ONU, Kenia aceptó liderar esa misión, compuesta por entre 2.500 y 2.600 efectivos y que debía ser desplegada "durante el primer trimestre de 2024", según la representante especial adjunta de la ONU en Haití.

Sin embargo, el plan, ratificado por el Parlamento keniano el 16 de noviembre, generó protestas en el país africano.

El opositor Ekuru Aukut presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Nairobi alegando que esa misión es anticonstitucional porque no se apoya en ninguna ley ni tratado.

"El Consejo Nacional de Seguridad no tiene ningún mandato para desplegar agentes de la policía nacional fuera de Kenia", afirmó el juez Enock Chacha Mwita este viernes.

Una "decisión así va en contra de la Constitución y de la ley y, por lo tanto, es anticonstitucional, ilegal e inválida", agregó.

El gobierno puede apelar la decisión.

"Los esperaremos en el Tribunal de Apelación e iremos hasta la Corte Suprema", dijo a la AFP el opositor Ekuru Aukot, congratulándose por el fallo del viernes.

MISIÓN PARA LA HUMANIDAD

El canciller haitiano, Jean Victor Généus, exigió el jueves que se enviaran rápidamente refuerzos a la isla. "Cada día que pasa es un día más (...) que vivimos en el infierno de las bandas", declaró ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Kenia ya ha participado en varias operaciones de mantenimiento de la paz en países vecinos como República Democrática del Congo o Somalia y en otras partes del mundo, incluyendo Liberia, Timor Oriental y la antigua Yugoslavia.

Pero, tras el anuncio de que preveía enviar policías a Haití, un país altamente inestable y peligroso, el gobierno keniano fue duramente criticado.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia supone un revés para las autoridades kenianas.

EL presidente William Ruto había afirmado que ese despliegue constituía una "misión para la humanidad" en un país, según él, devastado por el colonialismo.

Según la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU adoptada en octubre, con 13 votos a favor y 2 abstenciones, de China y Rusia, esta "misión multinacional de apoyo a la seguridad" --que no depende de Naciones Unidas-- debía durar doce meses inicialmente, con una revisión al cabo de nueve.

Además, la resolución instaba a la futura misión a "tomar medidas adecuadas en materia de gestión de aguas residuales" para impedir la propagación de enfermedades.

Con esta recomendación, la ONU probablemente buscaba convencer del interés de la misión a los haitianos, que guardan mal recuerdo de la última fuerza internacional desplegada en su territorio, del interés de la misión.

Cascos azules de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah), presente de 2004 a 2017, provocaron una epidemia de cólera que dejó más de 10.000 muertos. Un episodio que explica, en parte, que la futura misión no se haga bajo la bandera de la ONU.

 Los países iberoamericanos se unieron este jueves para hacer fuerza y fomentar un turismo regional en el que los visitantes tengan estancias más largas y e intentar que conozcan más de un país en cada viaje.

Con la presentación de varias iniciativas en la feria internacional del turismo Fitur, que se celebra desde ayer hasta el domingo en Madrid, los países de la región (formada por América Latina, España y Portugal) estrecharon lazos para seguir fomentando el turismo en la región, un importante motor de crecimiento y desarrollo.

En Fitur, que este año tiene a Ecuador como país invitado y en el siguiente tendrá a México, se dieron a conocer varias propuestas encabezadas por distintos países u organismos, entre ellas el lanzamiento de la campaña ‘Visita Sudamérica’, formado por los países del Mercosur, Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay.

Un «hito» en la promoción de la región

Los del Mercosur lanzaron hoy la marca ‘Visita Sudamérica’ y el eslogan ‘Visita América del Sur, un lugar, varios mundos’, «una iniciativa que marca un hito en la promoción turística conjunta de nuestra región», según la ministra de Turismo de Paraguay, Angie Duarte.

Duarte explicó que este proyecto «involucra a varios países de Sudamérica y representa un paso significativo hacia la consolidación de la identidad y el atractivo turístico de nuestros destinos».

«Visita Sudamérica no es simplemente una marca, es la expresión de la vida cultural, la diversidad natural y la hospitalidad que nos caracteriza y que caracteriza a nuestra región», espetó la paraguaya.

Mientras, su homólogo uruguayo, subrayó a EFE que «unir fuerzas siempre es bueno» como da cuenta este proyecto destinado a conseguir que los que viajan desde Europa, Oriente Medio o Asia, visiten más de un país.

«La región tiene mucho que ofrecer, para este nuevo turismo que quiere vivir experiencias, un turismo de naturaleza, que no hace solo esa vacación de sol y playa, es lo que ofrece Uruguay y América Latina», subrayó.

La importancia de las ciudades

Las ciudades iberoamericanas también tuvieron un espacio hoy en la feria, con la presentación del documento «Estrategia Iberoamericana del Turismo del Futuro», elaborado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la Organización Mundial del Turismo (OMT).

La publicación quiere arrojar luz y compartir buenas prácticas en cuestiones como la seguridad de las ciudades, el uso de la tecnología en el sector, la innovación, la inclusividad, la accesibilidad o la sostenibilidad medioambiental, económica y social.

Tal como expresó, la secretaria general de UCCI, Almudena Maíllo, se trata de una hoja de ruta que arrancó durante la pandemia de la covid-19 pensando en la recuperación: «vimos cómo el turismo podía ser el camino no solo para salir de la crisis, sino para dar un salto que nos permitía transmitir nuestros valores y nuestra cultura, la iberoamericana».

«Todas las ciudades tenemos los mismos retos, hay que buscar esos modelos comunes que sean sostenibles, las buenas prácticas que hacen uno y otros, porque al final las ciudades prestamos los servicios a los ciudadanos, somos la entidad más cercana a ellos», apuntó Maíllo, quien adelantó que la estrategia contará con una segunda parte centrada en la gastronomía.

Los estados mexicanos del Mundo Maya -Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, presentaron también este jueves su alianza estratégica, destinada a fortalecer el turismo en sus territorios, darle mayor proyección internacional e impulsar la prosperidad local, con la implicación de sus comunidades originarias.

Representantes de estos estados dieron a conocer el nuevo plan en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), donde el Tren Maya debería ser un importante aliado, y que está basado, dijo el secretario de Turismo de Tabasco, Pepe Nieves, en la responsabilidad ambiental, el descubrimiento de lo local, y la conservación del patrimonio histórico y cultural de los cinco estados.

Como retos, explicó, el mantenimiento del tejido social, la generación de empleo, mayores ingresos, la distribución de la riqueza y el aprovechamiento «inteligente» de los mercados para lograr una mayor satisfacción de los viajeros y un mayor interés en la región. 

La policía española anunció este jueves el arresto de un miembro destacado de la Mocro Maffia, organización criminal de origen marroquí en Países Bajos, quien lideraba una red de narcotráfico y blanqueo en el sur de España que había adquirido al menos 172 propiedades.

"Se ha logrado detener al líder de un clan de la Mocro Maffia, que era objetivo prioritario tanto para Países Bajos como para la Policía Nacional" española, indicó en rueda de prensa Fernando Alonso, jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del cuerpo de seguridad.

Fuentes de la policía identificaron al detenido como Karim Bouyakhrichan, hermano de Samir, también miembro de la Mocro Maffia, quien fue asesinado en 2014 cerca de Marbella, sur de España.

Ese asesinato produjo una "reorganización de los clanes" en esa zona y activó la investigación policial, explicó Daniel Vázquez, inspector jefe de la UDEF.

En la operación también fueron detenidos otros cinco miembros de la red, entre ellos "el cerebro de la estructura de blanqueo", según Vázquez, quien dijo que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos.

Karim Bouyakhrichan, actualmente en prisión provisional, encabezaba una red "dedicada, presuntamente, al tráfico internacional de sustancias estupefacientes a gran escala", principalmente introduciendo cocaína a España, "así como al blanqueo de capitales", señaló la policía en un comunicado.

La red había realizado operaciones de blanqueo "por un importe de 6 millones de euros (6,53 millones de dólares)", a través de "una sólida infraestructura personal, marítima y mercantil con presencia" en varias ciudades de España, además de Marruecos, República Dominicana, Países Bajos y Emiratos Árabes, según la policía.

La organización criminal utilizaba mercantiles interpuestas, así como la metodología del “Hawalla” y el uso de testaferros para blanquear importantes cantidades de dinero con las que posteriormente adquirían bienes muebles e inmuebles.

Las autoridades le bloquearon a la organización 172 propiedades inmobiliarias, valoradas en su conjunto en 50 millones de euros (54 millones de dólares).

La policía llevaba cinco años tras la pista de Karim Bouyakhrichan, quien era muy difícil de localizar porque se movía mucho entre países, "era una persona muy cauta en sus comunicaciones", usualmente encriptadas, y tenía su propio servicio de seguridad, dijo Vázquez.

Bouyakhrichan y los otros detenidos, de quiénes la policía no dio sus nacionalidades, serán enjuiciados en España y luego enviados a Países Bajos, que los ha pedido en extradición para procesarlos por delitos relacionados con ese país.

Argentina creará una Fiscalía para investigar posibles casos de corrupción entre los funcionarios públicos, indicó este jueves el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede de Gobierno).

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, «va a sugerir en lo inmediato al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, la creación de una Fiscalía para investigar la corrupción de funcionarios públicos», especialmente en los supuestos de «enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales no justificados», aseveró.

«Vamos a recuperar todos los bienes que sean producto del delito», dijo el vocero presidencial, quien detalló que las investigaciones pueden abarcar a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, así como de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

«Nunca el delito puede producir ningún tipo de beneficio», insistió Adorni.

El propio Cúneo Libarona reconoció a mediados de este mes, en una entrevista radiofónica, que el objetivo de esta Fiscalía será terminar con la «impunidad» y «perseguir más que nadie» los delitos de corrupción de los funcionarios públicos.

«El tema de la corrupción es prioritario», reconoció entonces el ministro de Justicia, que aclaró que el nuevo órgano judicial funcionará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.

Actualmente, Argentina cuenta con un Oficina Anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia, creada en 1999 durante la Presidencia del radical Fernando de la Rúa (1999-2001), ya fallecido.

Esta oficina es la encargada de velar por la prevención e investigación de las conductas de corrupción en la Administración Pública.

La Oficina Anticorrupción ha intervenido, presentándose como querellante, en casos que afectaron a varios expresidentes y funcionarios públicos.

Los más sonados fueron los que involucraron a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), condenada en diciembre de 2022 por la Justicia argentina por haber cometido «una corrupción estatal sin precedentes», sentencia que ella apeló, y con varias causas pendientes.

La figura de la exmandataria y su destino judicial fueron asuntos que causaron una aguda polarización política en las últimas campañas electorales del país suramericano.

Las acusaciones de corrupción son habituales en los intercambios verbales entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y sus rivales políticos.

El libertario ha llegado a asociar la oposición a sus reformas estatales con la «corrupción y el sadismo».

Las seis monjas secuestradas el pasado viernes en el centro de la capital de Haití fueron liberadas, informó este jueves la Arquidiócesis de Puerto Príncipe.

También fueron liberados el conductor y un pasajero del autobús en el que las mojas, de la Congregación de las Hermanas de Sainte-Anne, se desplazaban a un centro educativo en la capital.

Junto a la comunidad de las Hermanas de Sainte-Anne y la Conferencia Haitiana de Religiosos, la Arquidiócesis de Puerto Príncipe dio «gracias al Señor por la liberación de las seis religiosas y de las otras personas que fueron secuestradas con ellas el 19 de enero», precisa una nota de la entidad católica.

«Este acontecimiento traumático ha puesto a prueba una vez más su fe, pero esta permanece inquebrantable. Clamamos a él (Dios), nos hizo fuertes en la prueba y devolvió la libertad a nuestros cautivos», prosigue la nota.

La liberación se produjo la tarde del miércoles al final de una jornada de oración, meditación y adoración eucarística para pedir la liberación de todos los secuestrados, entre ellos las seis monjas.

Los secuestradores de las seis religiosas llegaron a exigir el pago de 3 millones de dólares a modo de rescate, pero no se ha informado si se pagó dinero por la liberación.

El domingo pasado, al finalizar el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro, el papa Francisco pidió la liberación de los secuestrados en Haití y el «cese la violencia que tanto sufrimiento causa a ese querido pueblo».

En las últimas semanas, los casos de secuestro han ido en aumento en el área metropolitana de Puerto Príncipe, controlada en al menos un 80 % por bandas armadas que matan, roban, violan, masacran y secuestran a personas en medio e una crisis de seguridad que afecta gravemente el empobrecido Haití desde 2018. 

Rusia pidió que se celebre una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU hoy, a las 15:00 hora local (20:00 GMT), después de acusar a Ucrania del derribo de un avión de transporte militar Il-76, según dijo el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, en una rueda de prensa en el organismo internacional.

Según la versión oficial de Moscú, en el incidente murieron 65 soldados ucranianos – prisioneros que iban a ser canjeados por efectivos rusos capturados por Kiev-, tres guardianes rusos y seis tripulantes. Lavrov lo llamó «un ataque terrorista».

Francia, como presidente de turno del Consejo, tiene que responder a esta petición de última hora.

Preguntado por si pensaba presentar pruebas que respalden la tesis rusa ante el Consejo, Lavrov no respondió, pero dijo que no le preocupa que su versión quede en entredicho por unos medios de información occidentales que calificó de sistemáticamente «sesgados» contra Rusia.

De momento, Ucrania solo ha reconocido que se planeaba un intercambio de prisioneros de guerra, pero guarda silencio sobre su implicación en el siniestro.