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El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció este lunes por sorpresa el adelanto de las elecciones legislativas nacionales al 23 de julio, tras el descalabro de su partido en los comicios municipales y regionales del domingo.

"Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio", anunció Sánchez en una declaración institucional desde el palacio de la Moncloa, precisando haber tomado "esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer".

"Asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular", ahondó Sánchez.

El consejo de ministros se reunirá este lunes por la tarde para refrendar el anuncio, cuya publicación en el Boletín Oficial del Estado dará lugar a la disolución del Parlamento el miércoles.

La fecha límite para celebrar elecciones era en diciembre, y pocos esperaban el adelanto, teniendo en cuenta de que España ostentará la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023.

En las elecciones del domingo, los conservadores del PP arrebataron a los socialistas alcaldías importantes como las de Sevilla y Valencia, además de revalidar con mayoría absoluta los gobiernos de la ciudad y la región de Madrid.

Además, el Partido Popular se impuso en seis regiones donde gobernaban los socialistas, solos o en coalición: la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, La Rioja, Baleares y Cantabria.

Si la jornada fue victoriosa para el PP, también lo fue para la formación de extrema derecha de Vox, cuyo apoyo resultará necesario para los conservadores en numerosos lugares.

A un año y cuatro meses de que el presidente Luis Abinader pusiera en sus manos un título que los acreditaba como “propietarios” de una parcela en el sector Bateicito San Rafael, de la provincia Bahoruco, agricultores se quejan porque aún no han recibido “ni una cuarta de tierra”.

Aseguran que, aunque les dijeron dónde están ubicadas las tierras, estas no han sido acondicionadas, no tienen canales de riego, ni camino vecinal por donde acceder para sacar sus futuras cosechas.

Un sueño

“Es nuestro sueño. Nuestra empresa. Nuestra Esperanza, pero tenemos un año tratando de que se cumpla con la promesa de asentarnos en las tierras prometidas y hasta ahora solo hemos recibido promesas”, dicen los campesinos en documento entregado a Listín Diario.

Aseguran que en más de una ocasión han tratado de contactar a las autoridades del Instituto Agrario Dominicano (IAD) para que defina su situación, les entreguen las tierras y les den el apoyo para ponerlas a producir, pero solo han recibido “indiferencia”.

Creen que el presidente Luis Abinader desconoce la situación que padecen, por lo que lo llaman a interceder para que haga cumplir su palabra y los títulos que poseen no se deterioren en sus manos, sin llegar a tener la tierra prometida.

El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe Suberví, afirmó que la capital presenta una mejoría en el servicio de agua, debido a que la producción del líquido está por encima de los 400 millones de galones diarios.

El funcionario declaró que eso se debe a las recientes lluvias que impactaron parte del territorio nacional, que incrementaron tanto los caudales de los ríos, como los niveles de las presas.

Dijo que la producción actual se mantiene en los 402 millones de galones por día, lo que refleja un aumento de dos millones de galones con respecto a la tercera semana del mes de mayo. De acuerdo con la Caasd, el nivel óptimo de producción es de 422 millones galones diarios, es decir, cuando todas las fuentes funcionan sin percances.

Presas y embalses

Suberví detalló que tras las precipitaciones, la presa de Valdesia se encuentra en la cota 140.17 sobre el nivel del mar, que significa un incremento de unos 50 centímetros aproximadamente, mientras que la de Jigüey se sitúa en la cota 512.83, para tener un aumento de unos 3 metros.

No obstante, señaló que a pesar de los aguaceros recientes, la sequía sigue siendo una amenaza para la República Dominicana.

En ese sentido, indicó que el caudal del río Nizao, que es el que alimenta a la presa de Jigüey se encuentra en 6.70 metros cúbicos por segundo, lo que quiere decir que su caudal todavía es menor al demandado para los acueductos del gran Santo Domingo, así como de San Cristóbal y Peravia, que es de 8 metros cúbicos por segundos.

Asimismo, informó que los sistemas Duey e Isa-Mana mantienen sus operaciones, sin embargo, indicó que los niveles de las cuencas que llevan el mismo nombre no incrementaron sus volúmenes de manera significativa.

El presidente de la Cámara de Cuenta, Janel Ramírez, no operativiza las acciones en esa institución y coloca temas “banales” en la agenda del pleno, en lugar de las 156 auditorías o informes que tiene en proceso la institución.

La afirmación la hizo la vicepresidenta de la Cámara de Cuentas, Elsa Catano, durante una entrevista con Julissa Céspedes en su programa Reporte Especial, que se transmite por CDN, canal 37.

Catano considera que las auditorías realizadas durante la pasada administración de la Cámara, deben ser sometidas a evaluación del nuevo pleno para determinar si cumplen o no

“En esa auditoría están completos los papeles de trabajo que la soportan, tú tienes la oportunidad de evaluar, revisar si cumplen, no cumplen. En caso de que no cumplan, tú tienes la oportunidad de hacer las observaciones que correspondan. Ahora bien, si entiendes que no cumple, tú también debes cerrar el ciclo. Tú debes presentarlo al pleno y en función de los resultados, decir no cumple por esto, esto y esto. Y esta auditoría se quita de ese listado de pendientes que actualmente tiene”, explicó la funcionaria.

“A lo que me refiero es que debemos ir cerrando todos esos temas abiertos que tiene la Cámara de Cuentas, que hace ver como algo inoperante y que puede solucionarse. El resultado, no necesariamente tiene que ser que tú la acojas y la publiques. Ahora, si tiene los méritos para hacerlo desde una revisión honesta, objetiva, independiente, no viciada, también debes presentarla”, continuó diciendo.

Cuando Céspedes le cuestiona si en el pleno se ha planteado someter a evaluación las auditorías realizada por la pasada gestión, bajo investigación de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Elsa Catano admite que se ha planteado de todo.

Sin embargo, “independiente de que tal vez los plenos no se dan con la frecuencia que deberían darse, cuando se convoca, regularmente los temas son temas, podría decirse, banales o temas más administrativos. No temas sustantivos. Hay muchos temas sustantivos que hay que conocer y decidir y que no se ha hecho”.

Unos 60 auditores

La vicepresidenta de la Cámara, reveló que hay más de cien informes que reposan en el despacho del presidente Ramírez y que unos 60 auditores no están desempeñando funciones debido a que el titular de esa entidad no cumple con sus funciones de gestor. “Yo entiendo que la máxima autoridad ejecutiva debe ser el que viabiliza por excelencia los procesos. Cuando te digo que temas tan, tan básico como tú acreditar un equipo para que se vaya a la calle, no fluye de manera óptima, ya hay una situación que está confrontando con la productividad”, describió la funcionaria al describir que los tres principales problemas que afronta ese órgano de control del Estado son la falta de respeto, obstrucción a las acciones y desconocimiento de cómo funcionan las entidades colegiadas.

Califica como intimación, falta de respeto a lo interno de esa dependencia del Estado, el hecho de querer atribuir vínculos partidarios a los miembros de esa entidad por estar en desacuerdo.

“En los momentos en que tú tienes una opinión, un criterio distinto. Lo que yo he sentido. Se te trata de apabullar queriéndote ubicar que si es que tú quieres apañar impunidad, corrección, te quieren ubicar en determinado partido político, es, creo, intimidación, falta de respeto y demás pero las acciones están ahí”, señaló al destacar que tiene evidencia de cuál ha sido el accionar desde el primer día en la Cámara de Cuentas.

Describe que múltiples proyectos de resolución elaborados por el área jurídica respecto a auditorías que ya han sido replicadas no son colocados en agenda pese a que se lo ha pedido en múltiples ocasiones al presidente, única persona con facultad para hacerlo.

Las violaciones a las leyes de tránsito parecieran haberse normalizado en las calles y avenidas del país. A diario es posible observar a choferes conducir camiones cargados de alimentos, materiales de construcción, madera y otros artículos sin la debida protección de una lona adecuada, como establece la Ley 214-01 de Tránsito Terrestre, modificada por la Ley 114-99.

Por igual, se les ve utilizar el carril izquierdo en las carreteras en violación a la resolución 0001-2019, emitida por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), que manda a los vehículos de cargas a transitar por el carril derecho (artículo segundo, numeral 2), como una de las medidas básicas de Seguridad Vial de ese modo de transporte.

Pero estas no son las únicas infracciones que son una costumbre en las vías públicas y que en ocasiones pasan “desapercibidas” ante las autoridades encargadas de fiscalizarlas.

En un recorrido de elCaribe por diversos puntos de Santo Domingo, también se observaron violaciones a las disposiciones establecidas en la Ley 63-17 de Tránsito, Trasporte y Seguridad Vial de la República Dominicana.

Por ejemplo, en una de las intersecciones de la rotonda de Villa Mella, un chofer de carro público cruzó y transitó en vía contraria para dejar atrás el taponamiento que, en los días laborales, se registra frente a las oficinas de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) de Santo Domingo Norte, ante la mirada indiferente de los agentes.

“Si se meten unos vamos a meternos todos”, fue lo que dijo al ser cuestionado por su arbitraria maniobra que trasgrede la referida legislación.

Como él, otro conductor de la ruta del transporte público de la zona se detuvo en medio de una curva para dejar un pasajero sin importarle que ocasionara un congestionamiento en el tránsito. “Estamos en Santo Domingo, aquí todo se vale”, expresó.

Algunos choferes consultados consideran que las mayores violaciones a las legislaciones que regulan el tránsito son hechas por estos conductores del trasporte público, sin que sean debidamente castigadas.

“Cuando uno está al lado de una guagua pública hay que manejar a la defensiva porque ellos manejan a la ofensiva y se cruzan por todos lados desesperados por un pasajero, delante de la Digesett pero al que ellos agarran es a uno que anda tranquilo, a los guagüeros no les hacen caso”, dijo notablemente molesta la conductora de nombre María al preguntarle su opinión sobre el accionar de los conductores.

Otro conductor, que prefirió no dar su nombre, coincidió en que la desesperación de los choferes y la falta de un régimen de consecuencias más severo de las autoridades son algunos de los factores que –a su entender- han desbordado el irrespeto a las leyes de tránsito.

“A veces no nos planificamos y salimos tarde, por eso estamos desesperados. Además, la mala autoridad que hay en el sentido de que en ciertas calles que si se aglomeran los choferes y se necesita una autoridad de trasporte no lo está y la gente al final hace lo que quiera”, afirmó.

Al circular por otras partes más céntricas de la ciudad el panorama no era desigual. En la avenida Winston Churchill, los conductores de motocicletas transitaban por los espacios exclusivos para ciclistas y cruzaban los semáforos en luz roja, en infracción a los artículos 133 y 154 de la Ley 63-17. Esto ocurrió en la cercanía de oficiales de la Digesett que están apostados en las esquina de esta transitada avenida para viabilizar el paso de los vehículos especialmente en las horas pico.

A esto se suman las violaciones a las señalizaciones que prohíben el parqueo, por ejemplo en la Zona Colonial, que no son respetadas, más aun porque la cantidad de estacionamientos no tiene relación con el flujo vehicular del lugar.

El anuncio del aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, de que no habrá alianza con la Fuerza del Pueblo (FP) en las elecciones municipales de febrero de 2024, y la respuesta de Leonel Fernández, de que su partido no está pidiendo alianza, hace díficil la idea de un frente opositor para enfrentar al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Sin embargo, no está del todo claro si la postura de Martínez es una decisión de los organismos peledeístas o una estrategia del candidato presidencial de presionar públicamente para que la balanza se incline hacia una participación del PLD sin alianzas. Evidentemente no hay consenso en la cúpula morada sobre ese tema. El Comité Político del PLD conformó una comisión de alianzas que además de Martínez integran Danilo Medina, Charles Mariotti y Francisco Javier García.

Antes de eso, el Comité Central del PLD emitió un comunicado en el que más de 600 miembros habrían firmado para exigir a su máxima dirección que haga una alianza con la oposición para las elecciones de 2024.

En tanto, la FP conformó una comisión de alianzas que coordina Roberto Rosario e integran Rafael Paz, Omar Fernández, Manolo Pichardo, Henry Merán, Demóstenes Martínez, entre otros dirigentes. Sobre los acuerdos con el PLD, Rosario ha dicho, que no habían hecho contacto con esa organización porque estaban a la espera del tiempo que ese partido había pedido para debatir el tema.

Si el PLD, de manera definitiva decide ir sin alianza con la FP a las municipales, correría el riesgo de participar con pocos o ningún aliado a esa contienda. De los aliados del partido morado en las pasadas elecciones, todos están en conversación con el Gobierno o con la FP para acuerdos electorales en 2024. Recientemente, el presidente del PRM, Miguel Vargas, el aliado más importante que tuvo el partido morado en las pasadas elecciones, aclaró que el acuerdo electoral que hizo con ese partido terminó en 2020.

Otra señal de que en el PLD no hay consenso sobre la estrategia de alianzas para las municipales es que el líder y presidente de esa organización no habló de alianzas en una asamblea reciente con los principales cuadros nacionales. Danilo Medina instó a la organización a oficializar como candidatos a los dirigentes que tengan proyectos a posiciones electivas en las elecciones de febrero y no tengan competencia en sus territorios, y a buscar consenso para los favoritos en los casos con más de un aspirante. Sin embargo, en esa asamblea no tocó el tema de las alianzas.

Habría que ver si la idea de Medina genera respaldo en la dirigencia morada debido a que esa organización ha tenido un discurso favorable a las alianzas desde que salió del poder, y una posición diametralmente opuesta podría tener un efecto contrario al deseado por los estrategas del partido morado. El primer ensayo de ese partido con esa estrategia fue la elección de la candidatura presidencial un año antes de la fecha de las primarias establecida por la ley de Partidos. Sin embargo, contrario al cálculo de sus estrategas, la candidatura presidencial de Martínez no ha logrado el posicionamiento que se proyectó.

De hecho, en la asamblea que encabezó el líder del PLD reconoció que el 35% de los miembros de ese partido dice que votaría por Leonel Fernández. En ese sentido, Medina instruyó a que la estrategia ahora debe ser convencer a la militancia morada que su candidato es Abel y no Leonel. de la Liberación Dominicana, tienen que obligar a los compañeros a que hagan ese trabajo”, instó. “Los esfuerzo concentrados que hemos decidido hacer llevando un mensaje con una foto del compañero Abel, ese es el trabajo vital, ese es el trabajo fundamental para que se pueda conocer que el nuevo candidato del PLD es Abel Martínez, y eso se debe difundir en todo el territorio nacional, nosotros en dos meses tenemos que haber vendido la imagen de Abel como el candidato del PLD, no tenemos ningún otro partido que no sea el Partido.

Luego de que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, indicará a la Organización Nacional de Estadísticas (ONE) completar los pagos de quienes trabajaron en el X Censo Nacional de Población y Vivienda, a tan solo dos días de finalizar el plazo pautado (mayo), continúan las denuncias del incumplimiento de los honorarios y viáticos.

Durante el encuentro con la funcionaria, La ONE confirmó que hasta el 31 de diciembre de 2022 se le había pagado al 99% del personal, lo que equivale a 34,596 personas, y que el 1% pendiente cuenta ya con pagos realizados o en trámite del mismo.

Pese al reclamo constante de los censistas, supervisores y técnicos, la entidad resaltó que, a la fecha, la ONE ha emitido 158 cheques y/o transferencias bancarias. De los cuales fueron entregados 29 cheques en Punta Cana, provincia La Altagracia.

A esta compleja situación también se agrega el retraso en los resultados del Censo. La ONE había informado que los datos preliminares del X Censo serían revelados en el primer trimestre de este año.

Sin embargo, en días pasados, comunicaron que serán publicados en el tercer trimestre de 2023, debido a un reajuste en el cronograma de difusión de los datos, haciendo referencia a la realización de las tareas para evaluar la cobertura y calidad del censo.

Con relación al retraso, la directora de la entidad, Miosotis Rivas Peña Rivas, aseguró en diciembre de 2022 que los datos que arroje el Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 serán plenamente “confiables”.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) insistió en que las autoridades del sistema de justicia penal diseñen e implementen un conjunto de programas multidisciplinarios que garanticen el correcto cumplimiento de la medida establecida para el recluso, que incluyan la capacitación y el aprendizaje.

El vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, planteó que se requieren de planes urgentes para reducir la mora judicial, mejorar las garantías y el debido proceso y respaldar un marco legal regulatorio eficiente que se enfoque en elevar las condiciones de salud y vida digna a los que tienen derecho, por mandato constitucional.

Castaños Guzmán hizo esas precisiones en una carta al director de Listín Diario, Miguel Franjul, en las que se refirió a las preocupaciones expresadas a este diario por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, con relación al congestionamiento carcelario y posibles afectaciones de derechos humanos en los recintos penitenciarios.

Castaños Guzmán señaló que la realidad dominicana se condensa en que la demanda de los espacios para los internos en los recintos penitenciarios excede la capacidad física de las instalaciones, provocando una sobrepoblación en esos centros, causado por el retardo judicial, la deficiencia en las infraestructuras y el excesivo uso de la prisión preventiva.

Sostuvo que ese problema, tratado como hacinamiento carcelario, fomenta la transmisión de enfermedades, altos niveles de violencia, condiciones de salud deficientes y dificultad para acceder a los servicios básicos. Entiende que una de las causas principales de esa deplorable situación proviene de que algunos internos, pese a haber cumplido el período de la medida privativa, continúan sin disfrute de su libertad.

“Estos privados sufren de manera desproporcionada enfermedades, mala alimentación, violencia y maltratos físicos y psicológicos, como los casos que ha trascendido en los últimos días, llamando la atención de la población nacional.”, expresó.