Por Tony Pèrez

El destape de la crisis del principal hospital pediátrico del país, el Robert Reid Cabral, el “shock” del Presidente como resultado de la denuncia sobre muertes evitables de niños y niñas, la comisión designada para investigar y rendir un informe, y los nombramientos de Altagracia Guzmán como ministra de Salud Pública, y José Miguel Ferreras en la dirección del centro, han copado hace una semana todo el foco mediático, pero en modo alguno constituyen la acción más trascendente de la película.

El gran logro ha pasado casi imperceptible en medio de la burbuja: la emisión del decreto transitorio 379, que ordena la descentralización hospitalaria y la creación de la Red Pública Única de los Servicios de Salud, conforme Ley General de Salud (42 de 2001) y la 87 del mismo año, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (87-01).

En hospitales públicos (como en clínicas privadas), muchos médicos, enfermeras, bioanalistas y otros auxiliares demuestran cada día que su vocación anda muy lejos de ayudar a construir la salud de las personas.

Con ello, el Gobierno avanza hacia el proceso de separación de las funciones de provisión de servicios de salud de la responsabilidad de rectoría y la salud colectiva correspondiente al Ministerio de Salud Pública (MSP), un viejo reclamo de la sociedad.

En términos de impacto social y al margen de la ola de morbo, el decreto en cuestión representa el hecho noticioso del año, aunque no se haya beneficiado de un resonante coro.

El sistema hospitalario sufre una gran entropía. Su estado actual es de caos. La población que demanda sus servicios es la única perjudicada porque paga el caro precio de morirse en sus salas.

El alegato sobre la causa de la crisis es la carencia de dinero. Cierto en parte. Resulta vergonzoso establecer en el presupuesto nacional 1,9% (RD$58,000) del PIB (630,934 MM) para el sector salud. Se necesita mucho más del 4%. Pero con el dinero solo, bajo el desorden, se puede llegar al infierno en vez del paraíso deseado.

Los hospitales del tercer nivel están concentrados en la urbe; los municipales, provinciales y regionales --excepción aparte-- son simples locales, sin equipos, sin suministro de insumos y muchas veces sin el personal de salud capaz y sensible ante el dolor humano. En hospitales públicos (como en clínicas privadas), muchos médicos, enfermeras, bioanalistas y otros auxiliares demuestran cada día que su vocación anda muy lejos de ayudar a construir la salud de las personas. Son inhumanos, dan mal uso a lo poco que hay... son neoliberales de la medicina.

Como si fuera poco, la dinámica económica hospitalaria depende de las magras subvenciones consignadas por el MSP, el cual no cumple a pie juntillas en el tiempo previsto porque a él le incumplen desde arriba con la provisión a tiempo de lo presupuestado.

De los centros asistenciales públicos de los pueblos despachan a los pacientes hacia los grandes establecimientos de la capital, y lo hacen hasta en motocicletas ante la falta de ambulancias. Alegan carencia de equipos y especialistas. Igual pasa en las clínicas privadas (la mayoría, verdaderos mataderos sin control), después que exprimen la economía de los enfermos y sus familiares.

Así, los hospitales especializados se convierten en lugares hacinados, inmanejables, donde morirse es un juego y sobrevivir, una proeza.

Un circuito vicioso domina al sistema. Urge interrumpirlo porque se hace tarde.

En ese contexto, halla sentido la designación de la pediatra-infectóloga Altagracia Guzmán como ministra de Salud Pública. Ya lo fue en 1996-2000 (segunda mujer en la historia de la institución, luego de Martha Brown), y salió airosa con ese elefante blanco. Como tienen sus razones válidas los nombramientos de los doctores Ramón Alvarado Mendoza y José Miguel Ferreras.

Los tres nombrados no llegan de la inercia en sus casas, sino trasladados de una envidiable experiencia de gerenciamiento efectivo en el mismo sector salud. Guzmán y Ferreras, expresidentes de la Asociación Médica Dominicana (ahora Colegio), llegan del competitivo Seguro Nacional de Salud. Ella como directora ejecutiva, él como coordinador técnico. Alvarado Mendoza viene de regentear con eficacia el hospital traumatológico profesor Juan Bosch, de La Vega.

La designación de nuevos funcionarios se agotaría como siempre en una ola de morbo y especulaciones de opinantes públicos amantes de la superficialidad, si, diferente al pasado, no estuviera amparada de una decisión del Ejecutivo de producir cambios de fondo en el sistema hospitalario.

Lo bueno de la tragedia ha sido que ha conmocionado arriba hasta des-enchivar y echar a andar el viejo anhelo dominicano de recibir servicios de salud de calidad con trato humano.

Ojalá que el presidente Medina siga en “shock” y ahora ordene que todos los empleados y empleadas de las instituciones públicas pasen al Senasa, comenzando por los de los bancos Central y Reservas.

FUENTE:http://www.7dias.com.do/opiniones/2014/10/15/i174465_presidente-shock-ado.html#.VD_U4xZzD7G