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 Una noche más de ataques y bombardeos israelíes a lo largo de la Franja de Gaza, que cumple 203 días de guerra, causó en las últimas horas la muerte de 51 personas, entre ellas un número indeterminado de civiles, tanto en Ciudad de Gaza (norte) como en el área sureña de Rafah.

«La ocupación israelí cometió 5 crímenes contra las familias en la Franja de Gaza, causando 51 muertos y 75 heridos en las últimas 24 horas», informó hoy el Ministerio de Sanidad gazatí, lo que aumentó el número oficial de víctimas mortales a 34.356, además de 77.368 heridos desde octubre.

Aviones de combate israelíes bombardearon anoche una casa perteneciente a la familia Al Shawa, en el barrio de Al Rimal, en ciudad de Gaza, donde los equipos de rescate y de ambulancias recuperaron bajo de los escombros los cuerpos de tres víctimas, entre ellos los de un niño y una mujer, informaron hoy fuentes palestinas a la agencia de noticias WAFA.

Según este medio, las víctimas y varios heridos fueron transportados al Hospital Árabe Al Ahli, el último hospital en funcionamiento en la ciudad de Gaza después de que el asedio militar israelí dejara inoperativo el de Al Shifa en marzo.

Bombardeos también en los barrios norteños de Zaytun, al sur de la ciudad de Gaza, y contra un edificio residencial en la calle Al Wehda, en el centro de la urbe, causaron la muerte de otro gazatí, así como un número indeterminado de heridos, detalló WAFA.

En Rafah, un pescador murió y otro resultó herido, según fuentes médicas palestinas, mientras que en el centro del enclave, gazatíes resultaron heridos en ataques contra los campamentos de refugiados de Nuseirat y Bureij.

Ayer, según informó la radio del Ejército, la Brigada Nahal se retiró de la Franja de Gaza, tras seis meses de combates, siendo reemplazada por dos brigadas con reservistas, en un movimiento de tropas que la emisora castrense describió como parte de la preparación para una invasión terrestre de Rafah.

El enclave palestino, de tan solo 365 km2, afronta su peor crisis humanitaria debido a una falta extrema de alimento, cerca de dos millones de gazatíes desplazados de sus casas y la mayoría del sistema de salud destruido en ataques. 

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El presidente de Kenia, William Ruto, aseguró que su país "está listo y dispuesto" a enviar policías para ayudar a restablecer el orden en Haití tras la instalación el jueves del Consejo Presidencial de Transición (CPT) en el país caribeño, sumido en una grave crisis de violencia.

"Kenia asegura al CPT de Haití su pleno apoyo mientras guía al país a través de este complejo interregno", afirmó Ruto en un mensaje publicado en su perfil de X a última hora de este jueves.

Kenia, subrayó, esta "lista y dispuesta, en concierto con una amplia alianza de naciones de África y CARICOM (Comunidad del Caribe), comprometidas con la estabilidad de Haití, a ejecutar rápidamente la infraestructura de apoyo a la seguridad prevista" en la resolución 2699 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Esa resolución, aprobada en octubre de 2023, contempla el despliegue de una misión multinacional para atajar la crisis de seguridad en la nación caribeña.

El presidente keniano mostró su "compromiso" con la "estabilidad de Haití" y expresó su confianza en el CPT en su "singular tarea de actuar rápidamente para restablecer los órganos clave del Estado críticos para la restitución de la ley y el orden y necesarios para llevar esperanza a todos los haitianos".

Kenia planea desplegar en el país caribeño más de mil agentes, procedentes de varias unidades y entrenados en combate, para ayudar en la misión.

Este jueves quedó instalado el Consejo Presidencial de Transición de Haití, el organismo de transición encargado de organizar la celebración de elecciones y la formación de un nuevo Gobierno.

Su instalación supone el primer paso en el camino para superar la crisis que sufre Haití, al menos a nivel institucional, ya que la violencia de las bandas armadas no parece encontrar freno, mientras se espera la llegada de la misión multinacional para pacificar el país.

La situación en Haití ha estado marcada en los últimos años por crisis políticas, económicas y sociales. Desde la devastadora secuela del terremoto de 2010, el país ha enfrentado numerosos desafíos.

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Un decreto designa a Michel Patrick Boisvert como primer ministro interino de Haití, a la espera de que el Consejo Presidencial de Transición que quedó instalado este jueves, forme un nuevo Gobierno.

Antes de su designación en el documento, fechado el 24 de abril y hecho público este jueves, el flamante primer ministro interino Michel Patrick Boisvert fue ministro de Economía y Finanzas desde el 5 de marzo de 2020 hasta la fecha, como parte del Gobierno dirigido por Ariel Henry, quien renunció a su cargo la víspera.

Michel Patrick Boisvert ha desarrollado una larga y distinguida carrera en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde trabajó durante muchos años, primero en la Oficina de Distrito de Petit-Goâve, donde nació, como director Departamental Oeste, de 1995 a 2010.

A continuación, fue nombrado director de la Inspección Fiscal, cargo que ostentó de 2010 a 2018, en un contexto político cada vez más tumultuoso, llegando a la Dirección General de la institución de 2018 a 2020.

Antes de iniciar su carrera en el Ministerio de Economía, Boisvert estuvo contratado en la Dirección de Estudios Económicos delBanco de la República de Haití (BRH), entre 1991 y 1995.

En cuanto a su formación, tiene una licenciatura en Ciencias Contables por la Universidad de Puerto Príncipe (IGC) y un diploma en Economía por la Facultad de Derecho y Economía (FDSE) de la Universidad Estatal de Haití (UEH), también posee un máster en gestión de la política económica por la Universidad de Auvernia (Francia) en el Centro de Estudios e Investigaciones sobre el Desarrollo Internacional (CERDI).

Boisvert ejercerá el cargo hasta que el Consejo Presidencial de Transición, cuyos miembros fueron juramentados este jueves, elija a un nuevo primer ministro que se encargará de formar un nuevo Gobierno que conduzca al país hacia la celebración de elecciones con vistas a la investidura de un nuevo presidente el 7 de febrero de 2026.

La instalación del Consejo Presidencial de Transición es el primer paso hacia la creación de nuevas instituciones que ayuden a superar la crisis que sufre Haití, al menos a nivel institucional, pero por el momento no se ha conseguido reducir los niveles de violencia que ejercen las bandas, a la espera de la llegada de la misión multinacional autorizada por la ONU, que todavía no ve la luz por la falta de financiación internacional.

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La ceremonia de instalación del Consejo Presidencial de Transición de Haití tendrá lugar este jueves, en la Villa d’Accueil, en la zona de Bourdon, a las afueras de Puerto Príncipe, y no en el Palacio Nacional, una semana después de que el diario oficial haitiano Le Moniteur publicara el nombramiento de los miembros de esta institución.

La elección del lugar para la instalación oficial del órgano de transición se decidió después de que las evaluaciones realizadas por el consejo mostraran que el Palacio Nacional no es adecuado para acoger la ceremonia, pero, en cualquier caso, la celebración del evento dependerá de que se pueda garantizar la seguridad.

Desde hace varias semanas se producen violentos enfrentamientos entre unidades de la Policía Nacional de Haití (PHN) y bandas armadas pertenecientes a la coalición armada denominada “Vivir Juntos”, decididas a hacerse con el control del Palacio Nacional.

Tras varias semanas de negociaciones, el 12 de abril se logró formar el Consejo de Transición encargado de organizar la celebración de elecciones y la formación de un nuevo Gobierno.

La instalación de esta entidad es el primer paso para crear nuevas instituciones que contribuyan a superar la crisis que sufre Haití, al menos a nivel institucional, pero por el momento no se ha conseguido reducir los niveles de violencia que ejercen las bandas, a la espera de la llegada de la misión multinacional autorizada por la ONU, que todavía no ve la luz por la falta de financiación internacional.

Las bandas armadas, además de aterrorizar a barrios enteros de civiles, han atacado en las últimas semanas infraestructuras públicas como comisarías de policía, la universidad, templos y el aeropuerto de Puerto Príncipe, hasta ahora en sus manos y cerrado al tráfico.

Mientras la intervención se materializa, las pandillas incrementan su nivel de violencia, al punto de que el primer trimestre de 2024 ha sido el más sangriento en el país desde 2022, que fue cuando empezó la peor ola de delincuencia y criminalidad en los últimos años.

La violencia desplaza diariamente a 600 niños y adolescentes

Una media de 600 niños y adolescentes huyen diariamente de Puerto Príncipe desde mediados de marzo por la violencia de las bandas armadas, una cifra que se prevé que aumente por los continuos ataques de estos grupos, señaló ela ONG Save the Children.

“Los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a un infierno tratando de escapar de las zonas urbanas controladas por las pandillas, ya que están arriesgando sus vidas todos los días y presenciando cosas que nadie debería presenciar: intensos tiroteos, cadáveres, violaciones y reclutamiento forzado por parte de grupos armados”, señaló la directora de la OMG en Haití, Chantal Sylvie Imbeault.

Además, afirmó que la violencia se sigue intensificando y que muchos de los desplazados ya habían abandonado sus hogares anteriormente, lo que imposibilita una estabilidad.

Durante las próximas semanas tendrán que hacer frente a otro problema, que es la llegada de la estación lluviosa a Haití, de forma que los menores que se encuentran en campamentos, hacinados, tienen un mayor riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua, como la diarrea o el cólera. Con respecto a la hambruna, Save the Children señala que “la falta de acceso a alimentos alcanza niveles sin precedentes” porque una de cada cinco familias de Puerto Príncipe está en riesgo de hambre y la canasta básica de alimentos subió un 21%.

722 estadounidenses ya han sido evacuados

Miami. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que un total de 722 estadounidenses han sido ya evacuados con éxito de Haití en diferentes vuelos a este estado sureño, mientras la nación caribeña continúa sumida en una espiral de violencia de pandillas.

Desde el primer vuelo de rescate coordinado por la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM, en inglés) el pasado 20 de marzo, Florida ha evacuado a residentes de este estado “en medio de desafíos”, dijo en un comunicado DeSantis.

El gobernador republicano además criticó “la falta de cooperación” por parte del Gobierno federal” en estas operaciones.

FDEM garantiza a todos los evacuados el acceso a recursos que incluye, entre otros, alimentos, agua, tratamiento médico y transporte a casa, desde el momento de su evacuación de Haití. Esta es la segunda vez en que la FDEM evacúa a estadounidenses de crisis en el extranjero. En octubre pasado, Florida se embarcó en una misión para traer a casa a los estadounidenses que no pudieron salir de Israel tras el ataque de Hamás.

La impunidad frente a la violencia en Haití es “casi absoluta” y ha llevado a miles de personas a convertirse en desplazados internos.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó ayer su informe anual de derechos humanos en el que enfatiza sobre las detenciones arbitrarias, los abusos a los migrantes haitianos y a personas negras en la República Dominicana, interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad, entre otros aspectos.

Afirma que el Gobierno no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos y que la impunidad siguió siendo un problema dentro de las fuerzas de seguridad, en particular en la Policía Nacional y en la Dirección General de Migración (DGM).

Describe que entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes creíbles de: homicidios ilegítimos o arbitrarios; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del Gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad; devolución de refugiados a un país donde enfrentarían tortura o persecución, incluidos daños graves como una amenaza a la vida o la libertad u otros malos tratos que constituirían un abuso separado de los derechos humanos..

De igual forma destaca la grave corrupción gubernamental; violencia de género generalizada, incluida la violencia doméstica y los feminicidios; delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra personas de ascendencia haitiana; trata de personas, incluido el trabajo forzoso; delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales; y la existencia de algunas de las peores formas de trabajo infantil.

Ejecuciones extrajudiciales

El Departamento de Estado describe que la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que 75 personas fueron asesinadas entre enero y septiembre y si bien la Fiscalía General procesó algunos casos de abuso, representantes de la sociedad civil afirmaron que muchos asesinatos y abusos no fueron denunciados debido a la falta de fe del público en el Gobierno para investigar y presentar cargos o por temor a represalias por parte de la policía.

“Según el Movimiento Social de los Trabajadores, en febrero miembros de la Policía Nacional mataron a Dieumil Charles, un residente legal documentado, después de intentar extorsionarlo durante una parada de tráfico. Según los informes, la policía lo transportó a una zona apartada, lo golpeó y le disparó, luego confiscó sus documentos, dinero, teléfono celular y motocicleta”, describe.

Detalla que hubo informes de muertes inexplicables bajo custodia que ocurrieron durante operaciones de detención y deportación de migrantes y que durante una operación de interdicción migratoria en el área de Cap Cana, la policía y agentes de migración supuestamente dispararon contra un grupo de trabajadores de la construcción, mataron a Jean Modes Fontas e hirieron a otras personas, incluidas personas que fueron enviadas para ser deportadas a pesar de sus heridas.

“En julio, medios de comunicación y grupos de la sociedad civil informaron que la DGM (Dirección General de Migración), la policía y unidades militares allanaron salas de maternidad de hospitales en todo el país y detuvieron arbitrariamente a mujeres embarazadas, en posparto y lactantes que no pudieron demostrar de inmediato su estatus de residencia”, relata.

Extorsión y robo a detenidos

Refiere que en las cárceles y centros de detención de inmigrantes, las condiciones sanitarias y de salud eran en general deficientes; Faltaba espacio y camas disponibles, y los baños eran inadecuados.

“Los informes de malos tratos y violencia eran comunes, particularmente en las prisiones del viejo modelo, al igual que los informes de acoso, extorsión y registros inapropiados de los visitantes de la prisión. Hubo informes de tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución y abuso sexual en las cárceles”, detalla.

Indica que durante las operaciones de detención y en los centros de detención, los funcionarios de migración no tenían acceso a una base de datos centralizada para verificar la nacionalidad o el estatus de residencia de las personas detenidas, lo que a menudo resultaba en detenciones arbitrarias.

“Esto dio lugar a una corrupción generalizada, incluida la extorsión de los detenidos y el robo de sus pertenencias personales durante las detenciones iniciales y mientras estaban bajo custodia en los centros de detención”, puntualiza el informe.

Gobierno dice estar asombrado con informe

La reacción del Gobierno fue inmediata. El vocero del gobierno y Director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, emitió un comunicado oficial en el que indica que el Gobierno ha tomado conocimiento del extenso Reporte sobre los Derechos Humanos.

“Estamos estudiando el informe y responderemos en el momento oportuno a través de los canales oficiales apropiados”, refiere el funcionario.

‘No obstante, aprovechamos la oportunidad para manifestar nuestro asombro ante el tono agresivo e infundado del informe, que no refleja la realidad actual de los derechos humanos en República Dominicana, ni la estrecha y respetuosa amistad entre nuestros gobiernos”, continuó.

Enfatizó que el Gobierno dominicano reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos e indicó que están dispuestos a dialogar constructivamente con sus amigos sobre cualquier preocupación legítima en esta área.

Estados Unidos establece que el Gobierno no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos y que los altos funcionarios a menudo respondieron insistiendo en que las víctimas debían presentar denuncias formales.

El canciller Roberto Álvarez advirtió ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que “República Dominicana ha mantenido la solidaridad con Haití a pesar del sacrificio que esto implica. Ahora bien, no podemos ir más allá de nuestras posibilidades materiales y menos aún adoptar medidas que atenten contra la estabilidad y seguridad de nuestro país. Simplemente no lo permitiremos, pídalo quien lo pida”.

En esa misma línea, durante su discurso en la reunión periódica de este órgano para abordar la situación haitiana, el canciller Álvarez expresó que el Gobierno dominicano ha continuado prestando su colaboración, más recientemente, con la evacuación a través de su territorio de personal de las Naciones Unidas y otras organizaciones, así como de diplomáticos y nacionales de más de una docena de países, incluyendo varios que son miembro del Consejo de Seguridad.

En otro orden, saludó la reciente conformación del Consejo Presidencial de Transición en Haití, con la expectativa de que este logrará, a la mayor brevedad, designar un primer ministro interino y un gabinete de gobierno, completando así la primera parte del nuevo trayecto. “Hace dos años no se visualizaba una salida para la situación en Haiti, solo oscuridad; hoy aparece una luz tenue, pero esperanzadora que indica el inicio de un nuevo sendero. ¡Ojalá que así sea!”.

En ese mismo sentido, el ministro Roberto Álvarez llamó al Consejo de Seguridad de la ONU a identificar y sancionar a los culpables de la violencia en Haití, como una forma de apoyar el nuevo proceso político que se impulsa en ese país, ya que a casi dos años de adoptar la resolución 2653 sólo ha sancionado a cuatro reconocidos criminales, sin repercusiones para los verdaderos financiadores y responsables de la inseguridad generalizada en el vecino país.

“Si no se aplica con rigurosidad el régimen de sanciones, si no hay consecuencias, los actores que están detrás del financiamiento de las bandas criminales pueden descarrilar el delicado proceso político al que Haití está abocado”, sostuvo el canciller.

Además urgió al organismo a aplicar con mayor rigor el embargo de armas ilegales que ahogan a Haití.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió hoy el compromiso de su homólogo estadounidense, Joe Biden, de que el primer paquete de ayuda militar a Ucrania después de la aprobación por parte del Congreso de la nueva partida de asistencia a Kiev llegará rápido y responderá a las necesidades de Ucrania.

«Tengo las garantías del presidente de que será rápido y potente y reforzará nuestras defensas antiaéreas, nuestras capacidades de larga distancia y de artillería», dijo Zelenski tras mantener una conversación telefónica con Biden.

Según el presidente ucraniano, Biden le aseguró que la partida de más de 60.000 millones de dólares para Ucrania, aprobada el sábado tras meses de bloqueo por la Cámara de Representantes, pasará en el menor tiempo posible el trámite del Senado de EEUU.

Zelenski agradeció personalmente a Biden su apoyo a Ucrania y tuvo palabras de aprecio para los líderes republicano y demócrata en la Cámara de Representantes por haber hecho posible la aprobación del nuevo presupuesto de apoyo a Kiev.

El presidente ucraniano también les agradeció la aprobación de la ley que permite confiscar para beneficio de Ucrania los activos rusos en EEUU.

“Manda una señal poderosa a todos nuestros socios”, dijo Zelenski, que durante la llamada informó a Biden de la destrucción, por parte de Rusia minutos antes de la conversación, de un repetidor de televisión en la ciudad de Járkov, en el este de Ucrania.

“Es clara la intención rusa de hacer la ciudad invisible”, dijo en referencia a los numerosos ataques de Rusia contra la urbe en las últimas semanas.

Según explicó también el propio presidente de Ucrania, Zelenski trató con Biden los preparativos de la firma por parte de los dos países de un acuerdo bilateral de garantías de seguridad como el que Ucrania ya ha firmado con cerca de una decena de democracias occidentales.

Biden y Zelenski también hablaron de la participación de EEUU en la cumbre sobre la llamada Fórmula de Paz ucraniana -que exige la retirada de las tropas rusas del país invadido y espera conseguir el apoyo del mayor número de países posible- que se celebrará en junio en Suiza

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El jefe de la Dirección de Inteligencia, Aharon Haliva, solicitó este lunes poner fin a su cargo castrense, al considerarse responsable de la inacción militar que no evitó el ataque múltiple de Hamás del pasado 7 de octubre en el que murieron 1,200 personas en territorio israelí.

"En una decisión con el jefe del Estado Mayor y con la aprobación del ministro de Defensa, se decidió que el general Aharon Haliva terminará su cargo y se retirará de las Fuerzas de Defensa de Israel, una vez que su sucesor sea designado", anunció hoy un comunicado castrense.

Haliva se convierte así en el primer alto cargo en dimitir por los fracasos que rodearon el ataque de Hamás, a raíz de lo que el Ejército inició una investigación interna a finales de febrero, cuyas conclusiones se espera que sean presentadas al Jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, a principios de junio.

"Hamás llevó a cabo un ataque sorpresa asesino contra el Estado de Israel, cuyas consecuencias son difíciles y dolorosas. La división de inteligencia bajo mi mando no estuvo a la altura de la tarea que se nos había confiado. Llevo ese día negro conmigo desde entonces, día tras día, noche tras noche. Llevaré el dolor conmigo para siempre", dijo hoy Haliva en hebreo en su carta de renuncia.

Ya en octubre, Haliva, con 38 años de servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel, asumió parte de la culpa, ante una respuesta lenta contra miles de milicianos de Hamás, que ese día tomaron el control de más de una decena de comunidades israelíes y llegaron a desplegarse armados en un 3 % del territorio.

La investigación interna en curso busca analizar la respuesta de las tropas también en el periodo anterior y posterior al ataque, así como su despliegue en el terreno y los procedimientos operativos usados para anular a los combatientes.

Según una encuesta publicada hoy y realizada entre los días 14 y 17 de abril por el Instituto para la Democracia de Israel, el 62 % de la población israelí ,tanto judíos como árabes, consideran que es hora de que dimitan los responsables de los fallos del 7 de octubre, más de seis meses después de la masacre. 

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