Roma, 24 de Noviembre (EFE).- Una etiqueta con los colores del semáforo está entre las opciones que los países tienen para advertir de la mala calidad de los alimentos en su lucha contra la obesidad, a pesar de los recelos que esas medidas despiertan en la industria.

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En los últimos años, el rápido aumento del sobrepeso y la obesidad a cerca de 2.000 millones de personas se ha vuelto un problema de salud pública que tiene mucho que ver, según los expertos, con el mayor consumo de productos ricos en azúcar, grasas y sal. Para frenar esa escalada, algunos países han querido introducir etiquetas en la parte frontal de los envases advirtiendo a los consumidores de la calidad de lo que comen.

Uno de esos instrumentos es un código con colores que van del verde, para los productos más sanos, al rojo, para los menos, y que en la Unión Europea (UE) ha sido implementado en el Reino Unido y propuesto en Francia, siempre como algo voluntario.

Bélgica está estudiando el modelo del país vecino, conocido como el semáforo Nutriscore y alabado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que el Gobierno español anunció recientemente que lo impulsará por decreto.

Cinco multinacionales se adelantaron este mes presentando su propio “semáforo nutricional”, pero días después dieron marcha atrás tras las críticas recibidas por indicar el contenido de distintos nutrientes en porciones variables y no en cien gramos, como sería lo correcto para evitar confusiones.

Fuentes de la Comisión Europea precisaron a Efe que pretenden publicar “en los próximos meses” un informe que analice los nuevos sistemas frontales de etiquetado voluntarios en la UE, su efecto en el mercado y la conveniencia de una mayor armonización. Además, los países han iniciado conversaciones para elaborar directrices comunes en el Codex Alimentarius de la ONU, que establece normas alimentarias de referencia mundial.

Según la información aportada por 34 Estados a ese órgano, 25 han optado por implementar normas de etiquetado frontal y otros 9 solo por proponerlas; casi todos los casos son de aplicación voluntaria y la mayoría se ha elaborado con la participación de la industria. Los únicos en regular de manera general y obligatoria son Chile y México, dos de los países latinoamericanos con tasas de obesidad más elevadas, de más del 28 % en adultos.

Llaman sobre todo la atención los sellos negros chilenos, que se ponen a los productos que superen los límites recomendables para ciertos ingredientes y que tienen prohibidas la venta en colegios y la publicidad infantil. Pese a la férrea oposición de las multinacionales, estas etiquetas han inspirado cambios en los sistemas de Perú y Uruguay, que ha dado tiempo a la industria hasta 2020 para adaptarse.

Valentina Castagnari, experta de la Universidad argentina Torcuato Di Tella, aseguró que, si se comparan los métodos, el de sellos “informa mejor a los consumidores de la advertencia”, mientras que el semáforo de distintos colores para varios nutrientes requiere una evaluación simultánea que puede generar dudas. Lamentó que en Argentina no exista “ninguna política pública” en asuntos como “los entornos escolares saludables, la publicidad dirigida a menores, el etiquetado o los impuestos”.

En su opinión, la región está siguiendo el modelo chileno porque utiliza el etiquetado “como vía de entrada a otras políticas” con una perspectiva integral hacia un problema “multicausal”.

Pionero fue Ecuador, donde las empresas deben marcar los procesados con el semáforo desde 2014. En México, se muestran los valores de consumo respecto a la dosis diaria recomendada que tanto gustan a la industria, si bien “los estudios prueban que no tienen utilidad para advertir al consumidor sobre lo que no debería tomar”, según Castagnari.

La experta de la Universidad mexicana de Coahuila Yadira Robles señaló que en su país la gente apenas responde a esa información porque “muchas personas no la leen, no entienden de qué se trata ni dónde está el daño”.

Además, la normativa nacional ha sido recurrida ante la Corte Suprema por incluir límites de ingesta de azúcar superiores a los estándares de la OMS y está por ver cómo los magistrados “lo relacionan con el derecho a la alimentación, considerado un derecho humano en la Constitución”, dijo Robles. EFE

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