Presentan acusación por desfalco de más de RD$400 MM contra alcalde de SFM.
TAMBIÉN, PRESENTÓ ACUSACIÓN CONTRA EL ENCARGADO DE NÓMINA Y LA TESORERA DE DICHA ALCALDÍA POR OTROS DELITOS DE CORRUPCIÓN.
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), presentó acusación y solicitó apertura a juicio contra el alcalde de San Francisco de Macorís y otros tres funcionarios del Ayuntamiento, acusados cometer irregularidades en el manejo de los fondos, que superan los 400 millones de pesos.
Un comunicado de prensa indica que el alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón, el encargado de Nóminas, Jerson Neris Lizardo Pérez y la tesorera Fior D’liza Genao Hernández, son acusados del desfalco junto a la señora Ana Hilda Bobie Aquino de Lizardo, en calidad de cómplice.
El grupo, conforme a la nota, está acusado de cometer los crímenes de coalición de funcionarios, falsedad, uso de documentos falsos, y prevaricaron, además de los delitos de desfalco, concusión, soborno, asociación de malhechores y abuso de confianza.
La magistrada Laura Guerrero Pelletier, titular de la PEPCA, declaró que a los imputados se les atribuye la violación de los artículos 123, 124, 145, 147, 150, 151, 166, 167 y 169 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 170, 171, 172, 177, 178, 179, 265 y 266, de dicha normativa, que tipifican ese tipo de crímenes.
“En el proceso de investigación realizado por la PEPCA y una auditoría realizada de manera conjunta con la Cámara de Cuentas en el período 2007-2011, se determinó que con sus actuaciones dolosas los funcionarios del Ayuntamiento de San Francisco incurrieron en las citadas irregularidades en el manejo de los fondos públicos”, manifestó la funcionaria del Ministerio Público a través de la nota.
De acuerdo a la auditoria, el alcalde Rodríguez Grullón habría otorgado obras sin que se haya realizado un concurso público o de oposición, en franca violación de la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado, comprobándose que era para favorecer a determinadas empresas.
Asimismo, el informe expresa que el Alcalde suministró combustible a camiones alquilados a particulares.
Manifestó, además, que en el Ayuntamiento Municipal de esa ciudad, por decisión del síndico, se hicieron contratos de obras que no establecen garantías mediante pólizas de seguros.
El reporte afirma que la auditoría también determinó que el Ayuntamiento contrató 481 obras por un monto equivalente a 377 millones 860 mil 484 pesos, sin haber exigido a los contratistas el depósito de las pólizas de garantía de avance y de vicios ocultos, a la firma del contrato y recepción de las obras, respectivamente.
Dicha auditoría revela además que del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2011, el Ayuntamiento no exigió pólizas a los contratistas ascendentes a 113 millones 358 mil ciento cuarenta y cinco pesos, por concepto del 20% de garantía de avance y del 10% de vicios ocultos en apego a la Ley No. 5560 sobre Póliza de Garantía de Anticipos y Vicios Ocultos.
Asimismo, determinó que el alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón en el año 2011 sobrevaluó las cuentas por un monto ascendente a doce millones.
Mediante la auditoría por igual se estableció que el alcalde con la colaboración de Jerson Neris Lizardo Pérez le otorgó pagos duplicados a empleados que tienen cédulas duplicadas, así como nombres y códigos de empleados diferentes.
Además, conforme al comunicado emitido por el Ministerio Público, se comprobó que hubo desfalco en los períodos comprendidos entre el 2007 y 2011, por concepto de nóminas de ayudas a personas, “sin que existan expedientes que justificaran esas ayudas, tales como cédulas de identidad y electoral, evaluaciones socioeconómicas y módicas, según su naturaleza, que permitan identificar las causas para otorgar esas asistencias”.
Expresa que el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís además dejó de percibir la suma de 2 millones 617 mil 749 pesos, por el acusado Félix Manuel Rodríguez Grullón, al no aplicar el impuesto correspondiente al 10%, para beneficiar allegados en el alquiler de vehículos a proveedores de servicios, por la recogida de desechos sólidos.
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