El Gobierno coloca sobre la mesa sus objetivos de cara a este cuatrienio (2024-2028). Lo hizo ayer durante el cuadragésimo sexto Consejo de Gobierno, que encabezó el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, en el Palacio Nacional, junto al tren gubernamental, conformado por ministros y directores.

Allí se establecieron unas 400 metas de Gobierno, de las que 10 o 12 han sido declaradas como “prioritarias”, según informó a los medios de comunicación el viceministro de la Presidencia, Luis Madera Sued, tras culminar la reunión.

La aspiración principal del Gobierno es posicionar a República Dominicana en la senda de ser una sociedad desarrollada para el 2036. Para ello, según el funcionario, se comenzará por el sector salud, elevando la esperanza de vida de los dominicanos de 75 años a 77 en 2028.

Esto estará combinando con otra meta, una que gira en torno a un problema con el que el país ha lidiado durante décadas: las muertes por accidente de tránsito. El Gobierno se ha trazado la reducción de ese flagelo, así como la mortalidad infantil.

Otro objetivo prioritario es disminuir el déficit habitacional de 21% a 14%, con una “fuerte inversión” en servicios de agua potable, saneamiento, energía, y reconstrucción de viviendas, de acuerdo con Luis Madera.

También introducir una política integral de seguridad ciudadana que, en palabras del viceministro, “garantice mantener por debajo de dos dígitos, específicamente hasta llevarlo a ocho por cada cien mil habitantes la tasa de homicidios en el país, en una de las tasas más bajas de toda la región”.

“Esto nos ayudaría a llevar la sociedad a ser mayoritariamente de clase media, pasando la proporción de personas en clase media de 40% hasta un 50%, y disminuyendo de 47% a por debajo de 40% la población en temas de vulnerabilidad”, dijo el funcionario.

Para lograr esto, según explicó Luis Madera, el Gobierno se ha propuesto aumentar el producto interno bruto (PIB) per cápita de las personas, al pasar de US$11,300 en 2023 a US$15,000 en 2028, lo que podría generar un incremento en el empleo formal.

La aspiración a largo plazo es que el país pueda pasar por primera vez a una economía en la que más del 50% de los empleos sean formales. De momento, la informalidad laboral es mayor, con un 55.3%, según datos oficiales del Banco Central.

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