Miembros de las diferentes organizaciones que velan y abogan por los derechos de los consumidores, denunciaron las vulnerabilidades de las personas al comprar alimentos a alto costo y el deficiente servicio que brindan algunas instituciones públicas y privadas, sin intervención del Gobierno.

Ayer, en la celebración del Día Mundial del Consumidores, los directivos de esas entidades exigieron una respuesta contundente por parte de las autoridades correspondientes ante las constantes denuncias que presentan y que no son atendidas.

El alto costo de los productos de la canasta básica, el robo de identidad, la inflación y con esto los salarios estancados, sobre todo, en el sector público por el incumplimiento de la ley 105-13, que regula los salarios, unido a la falta de políticas claras para una transición de energética hacia energías limpias y económicas, fueron partes de sus quejas.

"El arroz está caro. La libra de yautía está a 105 pesos, la unidad del plátano a 25 pesos. Todo ha subido de precio”, dijo Altagracia Paulino, presidenta del Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco).

Paulino contradijo al ministro de Agricultura, Limber Cruz López, quien informó que los precios de algunos productos de la canasta básica disminuyeron su costo en comparación con años atrás, a lo que esta respondió que “una cosa es lo que ellos dicen y otra es la realidad de los precios en los mercados y supermercados”.

En ese sentido, hizo un llamado al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) a brindar servicio, no solo en la capital, sino también en diferentes lugares a nivel nacional.

Propuso a Pro Consumidor que habilite estafetas o enlaces donde las personas puedan tramitar sus reclamaciones y recibir orientaciones relacionadas con sus derechos.

Señaló que la Constitución tiene un marco legal bueno, pero denunciaron que las leyes no se aplican, lo que conlleva a que los productos pasen por muchas intermediaciones y los consumidores terminen comprando a sobreprecio.

Los directivos de la entidad se quejaron sobre los deficientes servicios de las empresas de telecomunicaciones y energía eléctricas que elevaban los costos de los servicios, sin ningún control y ante todo eso las frecuentes quejas de los usuarios, sin respuestas por parte de las organizaciones que deberían velar por sus derechos.

Los apagones y los costos elevados de las tarifas fueron sus principales preocupaciones. Pero, además, mostraron evidente preocupación al hablar sobre las quejas de innumerables personas que no han podido recuperar lo perdido por las estafas de las bandas que operan desde las cárceles del país.

Revelaron que también tienen reportes sobre usuarios de bancos que han sido víctimas de robos de identidad por elementos que se hacen pasar por empresas que no existen y advirtieron sobre la necesidad del uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA).

“La inteligencia debe ser ajustada y adecuada para los consumidores”, precisaron, al destacar el riesgo del uso de imágenes y voces con los que pueden engañar a las personas, incluyendo el ámbito de las operaciones bancarias y financieras.