Antes de dejar su mandato, el expresidente Danilo Medina dispuso la jubilación del exprocurador adjunto Bolívar Sánchez, involucrado en la intervención telefónica a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, cuando era jueza de la Suprema Corte de Justicia.

Sánchez, quien se desempeñó como director general de la Inspectoría general del Ministerio Público, fue pensionado con un monto de 157,500 pesos mensuales.

Según una fuente, el exmagistrado tenía 30 años en la admiración pública y devengaba un sueldo de 250 mil pesos, más los gastos de representación.

El caso del exmagistrado Sánchez sonó bastante en la palestra pública cuando en marzo del pasado año, en un esfuerzo para tratar de esclarecer las conjeturas generadas a raíz de una denuncia sobre una solicitud de intervención de Germán Brito, usando un nombre distinto al de la exjueza, admitió que hizo la solicitud en el marco de una investigación por narcotráfico.

En esa ocasión, dijo que cuando se descubrió que el número correspondía a esta magistrada, decidió no ejecutar dicha orden, por lo que nunca recibió ningún tipo de información, ni registros de llamadas. Afirmó que fue “una coincidencia” que se tratara del número de Germán Brito.

Todo esto sucedió durante el proceso de evaluación como jueza de Germán Brito, quien aspiraba a seguir dentro de la alta corte.

En el decreto 224-20, del 16 de junio pasado, Medina dispuso que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado tendrá un plazo de tres meses para hacer efectivo el pago de las pensiones, contados a partir de que el interesado haya tramitado su solicitud de inclusión a la nómina.

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