Es una triste realidad, a la luz de todos, que el panorama económico de la República Dominicana en estos momentos no es para nada halagüeño, y por consiguiente, el nuevo gobierno que encabezará el Lic. Luís Abinader tendrá que enfrentar complejos desafíos económicos a corto, mediano y largo plazo.

De manera inmediata, tendrá que enfrentar la situación de lograr un equilibrio entre la propagación del virus (COVIID-19) y la reactivación económica. – Lo cual se escribe fácil, pero en efecto supone todo un reto en la creación de estrategias efectivas para alcanzarlo-. Puesto que, en mi humilde opinión, esto implica aplicar medidas que van, por un lado, desde la activación de un amplio protocolo sanitario, que a su vez garantice: a) la realización de pruebas masivas con el fin detectar a tiempo los casos, b) la creación de más centros especializados en el tratamiento de la enfermedad y con esto garantizar la demanda de camas en todo el territorio nacional, c) el suministro de medicamentos que hasta el momento han mostrado buena efectividad contra el virus, d) continuar la promoción del uso obligatorio de las mascarillas y el distanciamiento social, entre otras medidas de orden sanitario que de seguro se me escapan por no ser perito en esa área. Y por otro lado, trazar planes estratégicos para el relanzamiento de la economía que vayan dirigidos a los sectores que garanticen nuestra estabilidad macroeconómica y la creación de empleos, tales como: Turismo, zonas francas, agricultura, construcción, sector industrial, exportaciones, entre otros.

Pero además, en el corto plazo, el nuevo gobierno deberá replantearse una profunda reformulación del presupuesto nacional a fin de garantizar el correcto desempeño del estado. Es harto conocido el desajuste presupuestario que han venido padeciendo los últimos gobiernos de la República Dominica, pero ahora, fruto de la pandemia, dicho desajuste es aún más grave. A la fecha el déficit presupuestario ronda los RD$233,000 millones, lo que representa un 5.12% del PIB, y se estima que alcance el 8% del PIB a final de este año. Por lo que, el nuevo gobierno estará prácticamente obligado a tocar de nuevo las puertas de organismos multilaterales en búsqueda de recursos para poder mantener el correcto desempeño del estado, y además para poder darle   continuidad a los distintos programas sociales que ya se han implementado con el fin de mitigar un poco los efectos colaterales de la pandemia, que dicho sea de paso, la promesa de campaña no solo fue mantenerlos, sino aumentarlos.

En otro orden, la tasa de cambio es otro de los desafíos que tiene que enfrentar el próximo gobierno a corto plazo, lo cual podría obligar al banco central a intervenir el mercado cambiario inyectando parte de sus reservas acumuladas, buscando generar confianza y tranquilidad en el mercado de divisas y así evitar que sectores especulativos generen escasez y devaluación, hasta que los sectores generadores de divisas puedan reactivarse.

También, dentro del corto plazo, debe abordarse el tema de reducir el gasto público, lo cual hemos visto como una prioridad en el gobierno entrante, ya que, sin ni siquiera haber tomado posesión, ha tomado la decisión de eliminar varias dependencias del estado, como es el caso del despacho de la primera dama y la OISOE, lo que naturalmente repercutirá en un ahorro.    

Ahora bien, dentro del marco del mediano y largo plazo, los desafíos del gobierno en materia económica, me parece que deben ir orientados, en primer orden, a la ejecución de una reforma fiscal integral. Los impuestos, sin duda alguna, son un cimiento importante en el desarrollo de un país, ya que éstos, focalizados de manera correcta, constituyen el motor para que los gobiernos impulsen el bienestar social, dándole cumplimiento a las demandas de insumos públicos por parte de la población. Por lo que, en ese contexto, es inminente realizar una reforma fiscal integral. Es insostenible la situación fiscal en la que el nuevo gobierno recibirá el estado, donde las recaudaciones son muy bajas en comparación con el elevadísimo gasto público. Lo que limita la capacidad del país de superar muchas de sus necesidades básicas. Obviamente, hay que esperar que la situación sanitaria del país mejore antes de presentar una reforma fiscal, puesto que la misma implica, no sólo aumentar la tasa impositiva, sino también ampliar las bases, y con ello muchas empresas que se encuentran ahora mismo exentas de esos pagos y operando con el mínimo de su capacidad productiva, dada la situación actual; podrían verse gravemente impactadas. Pero, en el largo plazo, éste debe ser un punto importante en la agenda económica del nuevo gobierno. Y en segundo orden, creo que en el largo plazo también deben abordarse las reformas al sistema de seguridad social, al sistema financiero, procurar corregir la distribución de la renta, fijar políticas de urbanismo y vivienda y, aunque un poco apartado de lo económico, también un replanteamiento de las políticas educativas y del orden judicial, esto último con el fin de independizarla del poder ejecutivo, tal como es el anhelo de muchos dominicanos.

Por fortuna para todos, lo que hasta el momento se prevé, es un gobierno en la mejor disposición de actuar en consonancia con nuestras realidades socioeconómicas y de ejecutar los correctivos necesarios para solucionar algunos de los males que durante décadas nos agobian como sociedad.

¡Sabiduría señor presidente!  

Rubén Abreu, Ma.