Basado en tres pilares fundamentales: trabajo, formación y familia, el reglamento de extranjería aprobado en noviembre por el Gobierno español busca regularizar a 300,000 migrantes al año durante los próximos tres años. Esta normativa, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, introduce medidas para simplificar trámites, reforzar derechos y ofrecer nuevas oportunidades para la integración de los migrantes en España.

El reglamento reduce plazos administrativos y amplía la duración de las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo a un año, renovables por cuatro. Además, extiende el visado de búsqueda de empleo a un año, en lugar de tres meses, proporcionando a los migrantes mayor estabilidad y tiempo para incorporarse al mercado laboral español.

Con esta nueva disposición, a las vías tradicionales de regularización por arraigo social, familiar, sociolaboral y socioformativo, se suma otra opción: el arraigo de segunda oportunidad, una modalidad diseñada para personas que tuvieron autorización de residencia en los últimos dos años, pero que, por diversas razones, no pudieron renovarla.

Según declaraciones de la ministra de Inclusión, Elma Saiz, la normativa “representa un equilibrio entre la extensión y protección de los derechos de las personas migrantes y el rigor jurídico y la atención a las necesidades de España. Aporta seguridad jurídica, simplifica trámites y protege derechos, pero además ofrece nuevas posibilidades a las personas que hayan decidido desarrollar su proyecto de vida en España, a ellas y a sus familias”.

Para la diáspora dominicana, que desempeña un rol clave en diversos sectores, estas reformas representan una oportunidad adicional para mejorar su situación legal y consolidar su permanencia en el país, mientras contribuyen a la economía española.

Luci Heredia, abogada dominicana que trabaja en temas migratorios en Madrid, resalta que estas modificaciones han flexibilizado algunos requisitos que antes eran difíciles de cumplir, pero que ahora abren la puerta a que muchas personas puedan regularizar su situación.

Otra de las modificaciones que introduce este reglamento permitirá a los estudiantes extranjeros, incluidos los jóvenes dominicanos que estudian en España, trabajar hasta 30 horas semanales durante su formación, sin importar el tipo de estudios que cursen. Además, una vez finalizados, se les ofrece una vía rápida para obtener una autorización de trabajo, lo que facilita su integración en el mercado laboral español.

Sobre este tema, Heredia considera que la medida representa un avance significativo. “Se ha agilizado el procedimiento para solicitar la estancia por estudios y se han unificado los criterios respecto a los centros de formación, ya sean presenciales o híbridos. Esto facilita la compatibilidad entre estudios y trabajo, y ofrece una transición directa hacia una autorización de trabajo al finalizar la formación”, explica.

Heredia también destaca que el reglamento ha flexibilizado algunos requisitos, como la posibilidad de regularizarse con contratos de menor duración, lo que reduce las barreras tanto para empleadores como para migrantes. “No es lo mismo buscar una oferta de empleo de 40 horas que una de 20. Esta segunda opción es más asequible para muchos empleadores, por los costos que ello implica”, señala.

Sin embargo, la abogada advierte sobre ciertas limitaciones de la normativa. Entre ellas, considera la exclusión de los solicitantes de asilo y protección internacional, así como las nuevas restricciones para que los nacionalizados españoles puedan reagrupar a sus padres.

“Han aumentado la edad y exigen una dependencia económica absoluta y una situación de vulnerabilidad en el país de origen. Esto es una limitación al derecho de reagrupación familiar que tienen estos nuevos españoles. Son muchos los clientes dominicanos que vienen al despacho intentando traer a sus padres, y si antes era difícil, ahora lo será más”, afirma.

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