Con solo 6 años, Esai Reed ha soportado tres evacuaciones de emergencia de orfanatos en todo Haití mientras las pandillas saquean y saquean su camino a través de comunidades que alguna vez fueron pacíficas.

Ahora se encuentra en el norte de Haití bajo el cuidado de una organización estadounidense después de que el director del último orfanato de Esai huyera del conflictivo país caribeño donde las pandillas controlan el 80 % de la capital.

Han pasado casi cinco meses desde la última evacuación, y en ese tiempo, Esai, que ama el fútbol y es travieso, no ha podido hablar con su madre adoptiva en Estados Unidos ni con sus dos hermanos mayores que viven con ella debido a que las conexiones a Internet y otras cuestiones logísticas fallan.

“Claramente, esto es una emergencia”, dijo Michelle Reed, una maestra y madre soltera de 51 años que vive en Florida.

Reed’s es una de las 55 familias desde Tennessee hasta California que piden al gobierno de Estados Unidos libertad condicional humanitaria para unos 70 niños que están adoptando. Fue una oportunidad que Estados Unidos concedió a más de una docena de otros niños a principios de este año cuando las pandillas atacaron infraestructura clave del gobierno y obligaron al principal aeropuerto internacional de Haití a cerrar durante casi tres meses, lo que provocó la evacuación de docenas de ciudadanos estadounidenses y 39 niños de marzo a mayo que tenían decretos finales de adopción.

Reed y otras familias dijeron que inicialmente se les dijo que serían parte del grupo de evacuación, pero el gobierno de Estados Unidos dijo más tarde que “a pesar de los intensos esfuerzos”, no había encontrado una solución para permitir que los niños sin decretos de adopción salieran de Haití e ingresaran a Estados Unidos, según una carta de la oficina de asuntos infantiles del Departamento de Estado.

“Entendemos que esta actualización será decepcionante tanto para usted como para su(s) hijo(s)”, escribió la oficina.

Reed y otras familias advirtieron que completar el proceso de adopción en Haití en lugar de en Estados Unidos, como se pidió, obliga a los niños a viajar a Puerto Príncipe, que está en gran parte bajo el asedio de las pandillas, para obtener una visa, un pasaporte y un examen médico.

“¿Por qué no están haciendo eso por nuestros hijos?”, preguntó Emmerson, quien vive en Estados Unidos y pidió que no se revelara su apellido por seguridad, ya que él y su esposa, que están adoptando a su sobrina y sobrino, tienen familia en Haití.

Reed señaló que la Autoridad Central de Adopción de Haití ha dado permiso a las familias para que los niños salgan del país y completen la adopción en Estados Unidos.

Pero un portavoz del Departamento de Estado dijo a The Associated Press que otras autoridades haitianas que supervisan el proceso de adopción no están de acuerdo. Agregó que está trabajando con el gobierno haitiano “para avanzar en las adopciones lo más rápido posible”, al tiempo que se asegura de que se cumplan las leyes, regulaciones y obligaciones.

“El Departamento está trabajando para acelerar los pasos finales de procesamiento para niños adicionales”, dijo, y agregó que todas las oficinas del gobierno haitiano que procesan adopciones están abiertas, “aunque algunas oficinas podrían estar cerradas intermitentemente u operando a una capacidad limitada debido a la violencia localizada”.

El departamento dijo que “entiende y empatiza con las preocupaciones y la frustración de las familias estadounidenses que adoptan de Haití”.

Stéphane Vincent, director de la Dirección de Inmigración y Emigración de Haití, no respondió a los mensajes en busca de comentarios.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo a la AP que la consideración para la libertad condicional se aplica “a un número muy limitado de haitianos adoptados” que han alcanzado una etapa específica en su proceso. Dijo que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) “está trabajando incansablemente” con los socios del gobierno de Estados Unidos “para navegar las circunstancias actuales”.

Además de los peligros de estar en Puerto Príncipe, las familias señalan que sus casos podrían retrasarse aún más porque los jueces haitianos han estado en huelga, mientras que otros han abandonado el país debido a la violencia.

La ONU señaló en un informe reciente que desde que comenzó el año judicial de Haití en octubre de 2023, “los tribunales han estado operativos durante apenas diez días”.

Respaldando a las familias en su esfuerzo por obtener la libertad condicional humanitaria están legisladores como los senadores Sherrod Brown, Marco Rubio y Rick Scott, que han escrito al Departamento de Estado de Estados Unidos y al Departamento de Seguridad Nacional en su nombre.

Haití ha estado bajo un estado de emergencia durante varios meses, y el Departamento de Estado ha mantenido durante mucho tiempo una advertencia de “no viajar”, advirtiendo sobre secuestros, asesinatos, agresiones sexuales y otros delitos, y agregó que “el gobierno de Estados Unidos está muy limitado en su capacidad para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en Haití”.

De abril a junio, al menos 1,379 personas murieron o resultaron heridas, y otras 428 fueron secuestradas, según la ONU, que señaló que el 88 % de esos crímenes ocurrieron en Puerto Príncipe.

Mientras tanto, la violencia de las pandillas ha dejado al menos a 700,000 personas sin hogar en los últimos años, la mitad de ellas niños, dijo el viernes William O’Neill, experto independiente de derechos humanos de la ONU sobre Haití.

“Todos los indicadores siguen siendo extremadamente preocupantes”, dijo durante su visita a Haití. “El primero y el más preocupante de ellos, la inseguridad”.

Mientras tanto, la policía keniana, que llegó a finales de junio como parte de una misión respaldada por la ONU para ayudar a sofocar la violencia de las pandillas, lanzó recientemente operaciones conjuntas con la policía y el ejército de Haití, mientras Estados Unidos considera una operación de paz de la ONU después de advertir que la misión actual carece de recursos.

“Los niños corren un gran riesgo”, dijo Diane Kunz, directora ejecutiva del Centro de Políticas de Adopción, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York. “Tienes al Departamento de Estado diciendo que no puede garantizar la protección de su propio pueblo”.

En Florida, Reed se preocupa por Esai mientras intenta consolar a sus hermanos, de 8 y 10 años, que fueron abusados físicamente, enfermos y desnutridos cuando los adoptó hace casi dos años.

“Los chicos tienen miedo por él y no quieren hablar de eso”, dijo, y agregó que nadie le dijo que tenían un hermano cuando los adoptó.

Reed recordó cómo, después de llegar a Estados Unidos, sus dos hijos mayores durmieron en una sola cama individual a pesar de tener dos disponibles y se abrazaron durante toda la noche.

“La noche era aterradora para ellos”, dijo Reed. “Tuvieron pesadillas durante mucho tiempo”.

Luchando junto a Reed está Emmerson y su esposa, Michelle, quien también pidió que no se revelara su nombre por seguridad.

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