Tras la petición este martes del arresto del exministro ruso de Defensa Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, aumentan a seis las órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional contra líderes rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, por crímenes de guerra y lesa humanidad en Ucrania desde 2022.

La CPI considera a Shoigú (69 años) y Guerásimov (68 años), que en el momento de la presunta conducta criminal eran, respectivamente, ministro de Defensa, y jefe del Estado Mayor General, “responsables a nivel penal” de “ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana” desde al menos el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de marzo de 2023.

En ese período, el Ejército ruso llevó a cabo numerosos ataques a plantas de energía eléctrica y subestaciones en varias localidades de Ucrania. La CPI cree que el daño colateral previsto a civiles y sus bienes era “claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada” a la hora de atacar esas instalaciones, incluso si estas fueron consideradas “objetivos militares”.

La Sala de Cuestiones Preliminares II autorizó las órdenes de arresto solicitadas por el fiscal Karim Khan, que sospecha que ambos altos cargos son culpables de crímenes de guerra por “dirigir ataques contra objetivos civiles” y por “causar daños colaterales excesivos” a civiles, así como de crímenes de lesa humanidad por “actos inhumanos”.

Los objetivos principales del derecho internacional humanitario es la protección de los civiles en conflictos armados, recordó la CPI, que advirtió de que el “principio de distinción” prohíbe el uso de la fuerza armada contra personas protegidas durante las hostilidades.

“La presunta campaña de ataques constituye un tipo de conducta que implica la comisión múltiple de actos contra la población civil, llevados a cabo de acuerdo con una política estatal”, advirtió la Sala, que acusó a los sospechosos de causar “intencionadamente un gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o la salud mental o física” de la población civil, “actos inhumanos” definidos como “crimen de lesa humanidad”.

Shoigú, confidente del presidente Vladimir Putin, fue ministro de Situaciones de Emergencia de 1991 hasta 2012, cuando ascendió a ministro de Defensa, cargo del que fue destituido el mes pasado. Ahora es secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.

Mientras, el general Guerásimov es jefe del Estado Mayor desde 2012, y, desde enero de 2023, comandante de lo que se conoce como “Grupo de Fuerzas Conjuntas en la Zona de Operaciones Militares Especiales”.

Aunque la Sala autorizó a hacer públicas estas órdenes de arresto, su contenido permanece «secreto» para proteger a los testigos y salvaguardar las investigaciones. No siempre se anuncian las órdenes de detención aprobadas por el tribunal o solicitadas por la fiscalía, pudiendo permanecer confidenciales durante años.

En el caso de la situación en Ucrania, se conoce de la existencia de seis órdenes de detención, incluidas las anunciadas hoy.

Las dos primeras llegaron en marzo de 2023 contra Putin y la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, por deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI.

A estas siguieron en marzo pasado las del teniente general de las Fuerzas Armadas Rusas, Sergey Kobylash, y el almirante de la Armada Rusa, Viktor Sokolov, por dos crímenes de guerra y uno de lesa humanidad, debido a ataques contra infraestructura crítica en Ucrania como plantas de energía y subestaciones desde octubre de 2022.

“Aquellos responsables de acciones que afectan a civiles inocentes o a objetos protegidos deben saber que esta conducta está regida por un conjunto de normas reflejadas en el derecho internacional humanitario. Todas las guerras tienen reglas. Esas reglas obligan a todos sin excepción”, advirtió el fiscal Karim Khan.

Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en su territorio desde el 20 febrero de 2014, lo que incluye la anexión rusa de Crimea y la agresión a Ucrania en febrero de 2022.

Queda en manos de los 124 Estados miembros el cumplimiento de estas órdenes de detención y el envío a La Haya de los sospechosos, ya que la CPI no tiene una fuerza propia para arrestar a los acusados

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