Este lunes se cumplen dos años desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos tumbara la sentencia Roe vs Wade que protegía el aborto a nivel nacional. Abortar es hoy una odisea para millones de mujeres por las restrictivas normas aprobadas en muchos estados, que también hacen la vida imposible a colectivos como médicos o abogados.

Desde que el TS, de mayoría conservadora, eliminara la protección existente desde 1973, decenas de estados han elaborado legislaciones restrictivas: en 14 es imposible abortar o el límite son seis semanas, cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas, y en otros siete se han puesto impedimentos y bajado plazos.

En la mayoría de los 21 no hay excepciones ni por violación ni por incesto y sólo se puede cuando la vida de la madre está en peligro, una situación que tiene aterrados a los médicos, quienes pueden enfrentarse a penas de hasta 99 años de prisión por practicar un aborto.

Según Noel León, directora del Fondo de Defensa Legal para el Acceso al Aborto (Abortion Access LDF), la decisión del TS sumió a medio país en «un caos legal».

Médicos, mujeres o personas que las ayudan mínimamente pueden verse en problemas. «Hasta un taxista que traslada a una mujer podría ser objeto de una demanda», explica a EFE.

El Fondo, creado por el Centro Nacional de Derecho de la Mujer, es una de las organizaciones que ha surgido tras el fin de Roe vs Wade para ayudar, en este caso, a los demandados.

Muchos de ellos son médicos, una profesión especialmente resentida. Según cuenta a EFE Jennifer Klein, directora del Comité de Políticas de Género de la Casa Blanca y asesora del presidente, Joe Biden, no aguantan la presión y «abandonan sus estados».

Las restricciones tendrán también «implicaciones para la capacitación de la próxima generación de médicos», añade, dos situaciones que repercuten directamente en la salud de las estadounidenses.

27 millones de mujeres en riesgo

Más de 27 millones de mujeres en edad reproductiva viven en uno de los 21 estados restrictivos, afirma Klein. Es decir, «una de cada tres mujeres en edad reproductiva» en el país. «El impacto es devastador», sostiene.

A miles de mujeres, añade, «se las rechaza en las salas de emergencia o deben viajar cientos de millas para recibir atención». Las más afectadas son las latinas y de origen afroamericano.

Según el Instituto Guttmacher, la proporción de pacientes que viajan a otros estados para abortar se ha duplicado: de una entre diez en 2020 a una entre cinco en 2023.

Datos del Center for American Progress señalan que los tiempos de viaje para acceder a un aborto se han multiplicado por 300 en los últimos dos años y el tiempo promedio de conducción pasó de 33 minutos a dos horas y 12 minutos.

Pero la situación se agrava en estados como Florida, por ejemplo, que pasó de 22 minutos a nueve horas y ocho minutos.

¿Está bajando el número de abortos?

Lo paradójico es que el número de abortos no baja, sino que sube. En 2023 hubo más de 1 millón, la tasa más alta en más de una década y un 10 % más que en 2020, según el Instituto Guttmacher.

Ello se debe, en parte, al aumento del aborto con medicamentos (mifepristona y misoprostol) en lugar de con cirugía.

Y es que los jueces conservadores y los políticos extremistas del Partido Republicano no representan el verdadero pensamiento de los ciudadanos, asegura Klein.

«Una gran mayoría del pueblo estadounidense cree que el aborto debería seguir siendo legal, independientemente de sus propias creencias» y de sus inclinaciones políticas, agrega.

Por ello el aborto está llamado a ser uno de los grandes temas de la campaña a las presidenciales de noviembre, pues desde el equipo de Biden son conscientes de que la defensa férrea que se ha hecho desde la Casa Blanca puede tener rédito en las urnas.

Donald Trump (presidente entre 2017 y 2021), sin embargo, no acaba de ser claro con el tema, pese a que siempre se ha jactado de haber sido el facilitador de la caída de la sentencia que protegía el derecho sobre sus cuerpos de todas las estadounidenses.

Pero los antiabortistas y republicanos extremos piden hacer más y se han marcado un nuevo objetivo que avisa de que lo peor puede estar por venir: prohibir la píldora antiabortiva.

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