Cualquier análisis de los resultados electorales en El Salvador, independientemente del enfoque que se privilegie, debe partir de una premisa esencial: ha sido la voluntad del pueblo salvadoreño.

Ahí está lo medular: es un gobierno parido por las urnas, que si fuera lo contrario desentonaría, pues los pueblos, y con ellos la comunidad internacional, difícilmente digieran por mucho tiempo, en esta etapa histórica, a un régimen sostenido únicamente en la fuerza.

Precisamente alrededor del uso de la fuerza o “mano dura” se concentran las reacciones mayoritarias sobre el proceso eleccionario salvadoreño, con cuestionamiento a que las votaciones transcurrieran en un ambiente político-legal enrarecido y bajo un régimen de excepción.

Es predominante fuera de El Salvador el punto de vista que relieva la supresión de derechos fundamentales, lo que pondría en entredicho la expresión libérrima de la voluntad popular.

Es un asunto a tomar en cuenta; no se puede desdeñar que el sufragio se ejerciera en esas condiciones, sin garantías ni derechos fundamentales.

Pero quizá más que escrutar en resultados electorales propios de una realidad concreta en una sociedad con problemas también muy específicos, para América Latina y el Caribe la experiencia salvadoreña podría resultar aleccionadora vista una inclinación cada vez más “popular” en nuestros pueblos: sacrificar libertad por seguridad.

Ha sido esa la clave del triunfo de Nayib Bukele, reconocida por amigos y enemigos, y constituye un espejo para la región, en el que también los dominicanos debemos mirarnos.

En nuestro país, consignado en toda encuesta creíble, la seguridad ciudadana figura entre las principales preocupaciones de la población y reflejan el deseo de “mano dura”, hasta de un Trujillo, pese a que, contradictoriamente, muy pocos minimizan o no aquilatan el disfrute del actual régimen de libertades.

A propósito, aprovechemos nosotros que nos encontramos en un clima electoral, y sin pretender comparaciones porque cada pueblo responde a su propia realidad, para que febrero 18 y mayo 19 se constituyan en fiesta de la democracia, de la que surjan autoridades nacionales, legislativas y municipales legitimadas por nuestra Constitución y leyes.

Con ello ratificaríamos que en República Dominicana impera un régimen de amplias libertades públicas y políticas, con un Estado de Derecho en que, en lo fundamental, las instituciones básicas del sistema funcionan.