La Fiscalía de Portugal ha pedido este domingo prisión preventiva para Vítor Escaria, jefe de gabinete del exprimer ministro António Costa, y el consultor Lacerda Machado, en el marco de la investigación sobre el caso de corrupción que ha provocado un adelanto electoral en el país.

Los fiscales alegan que la medida se debe a que los acusados podrían huir --a Guinea, Angola o Estados Unidos, por las relaciones profesionales y familiares de los investigados con estos países-- y por el riesgo de perturbar el proceso, presionar a testigos o acordar estrategias para el juicio.

El abogado de Machado, Magalhaes e Silva, ha declarado que espera que el juez de instrucción "no siga" la propuesta de la Fiscalía, que ha calificado de "ultramontana". 

Además, ha hecho referencia a que hubo una confusión en una transcripción de escuchas entre el ministro de Economía, António Costa Silva, y el jefe de Gobierno, António Costa.

Fuentes consultadas por la agencia de noticias Lusa han señalado además que el Ministerio Público solicitará a los administradores de la empresa Start Campus Afonso Salema y Rui Oliveira Neves fianzas de 200.000 euros y 100.000 euros respectivamente, así como la prohibición de contactar con los demás imputados y de viajar al extranjero.

El organismo también ha solicitado la suspensión del alcalde de Sines, Nuno Mascarenhas, a quien se le podrá prohibir el ingreso al edificio municipal y el contacto con sus empleados. El alcalde está siendo investigado por delito de corrupción pasiva y prevaricato por supuestamente ceder a presiones para favorecer a Start Campus, responsable de un proyecto de construcción de un centro de almacenamiento de datos digitales en Sines.

La Fiscalía portuguesa lanzó el martes pasado una batería de operaciones por presuntos delitos de prevaricación y corrupción vinculados al sector del litio y el hidrógeno verde, dentro de una macro investigación en la que se examina el papel Costa y de otros miembros del Gobierno. Entonces, registró las sedes de los ministerios de Infraestructuras y de Medio Ambiente, así como algunas de las oficinas de la residencia oficial de Costa.

Como telón de fondo, las concesiones para la explotación de yacimientos de litio en Boticas y Montalegre, en el norte de Portugal, así como un proyecto para producir energía con hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos en la zona de Sines, situada en el sur, según la Fiscalía, que examina en concreto hechos susceptibles de constituir delitos de prevaricación, corrupción activa, corrupción pasiva y tráfico de influencias.

Este escándalo conllevó la dimisión del primer ministro, tras lo cual el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, anunció la disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 10 de marzo de 2024, señalando que ha intentado "acortar al máximo" la fecha para acudir a las urnas.