Ambigüedad de texto legal generó interpretación sobre reservas de candidaturas
El conflicto que enfrenta a varios partidos con la Junta Central Electoral (JCE) por las aplicación del 20 por ciento de reservas de candidaturas, ha surgido por la ambigüedad del artículo 58 de la ley 33-18, de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, que se presta a interpretación.
Los partidos que se oponen a la resolución del Pleno de la JCE, que dispone la aplicación del porcentaje en cada nivel de elección, han basado su postura en una parte del artículo 58. La Junta y otras organizaciones políticas que no objetan la resolución, han interpretado, de forma correcta, la parte final del mismo artículo.
La JCE, por su lado, también le ha sumado a sus argumentos, una jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), que aunque no tiene un efecto vinculante, ha sido emitida por la jurisdicción especializada en materia electoral, que ha arrojado luz sobre la materia, ya que resolvió un conflicto de un partido sobre las reservas de candidaturas en el proceso electoral del 2020.
“En el marco de lo establecido en la Constitución y la presente ley, el organismo de máxima dirección colegiada de todo partido, agrupación o movimiento político, con la aprobación de sus integrantes, tiene el derecho de reservar a conveniencia de su organización política, incluyendo los puestos cedidos a dirigentes de la misma organización o por acuerdos, alianzas o fusiones con otros partidos, agrupaciones o movimientos políticos, un máximo de candidaturas a cargos de elección popular equivalente al veinte por ciento (20%) del total de las nominaciones para los puestos de senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales de distritos municipales establecidas por la Constitución y las leyes.”, Ese es el texto íntegro del artículo 58 de la ley de partidos que ha motivado la controversia.
Cuando se lee detenidamente el artículo 58 de la ley de partidos, y se razona, nos damos cuenta que se presta a interpretación. Da la impresión que todos tienen la razón, porque ambos bandos sustentan sus posturas en una parte del texto legal.
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