Tres camiones de cama larga, cubiertos con verjas metálicas a sus lados y con techo ovalado en el mismo material, pertenecientes a la Dirección General de Migración, salieron alrededor de las 12:00 del mediodía de este lunes completamente repletos de reclusos que cumplían distintas condenas en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Los vehículos eran custodiados por miembros de la Policía Nacional y de la milicia, y a su salida los presos vociferaban distintas frases con afán de que se les entendiera; sin embargo, debido al bullicio, resultó casi imposible distinguir respuestas más allá de un reiterado “no sabemos”, para responder a la pregunta de hacia dónde eran llevados.

La movilización llega por disposición de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, quien había dado a conocer que un total de 1,800 presos de La Victoria, serían reubicados en otras cárceles del país, sumándose a los ya trasladados tras el fuerte incendio ocurrido el pasado lunes, en el que se presume la muerte de 13 privados de libertad.

Familiares inconformes

Desde tempranas horas de la mañana de este lunes se vio la entrada al área de los vehículos de las unidades militares; no obstante, los familiares que aguardaban a las afueras del recinto, con intenciones de obtener información de sus allegados, indicaron que fueron sorprendidos con el anuncio al momento de arribar al sitio.

Según sus reclamos, ni siquiera habían recibido avisos, sino que al intentar hacer llegar alimentos y comidas a sus seres queridos que cumplen condena, recibieron el rechazo de los guardias de lugar con el aviso, sin tener distinción de hacia dónde llevarían a los reclusos.

“Son unos abusadores, eso es lo que pasa. No te dicen con anticipación, pero tampoco te dicen para dónde se lo van a llevar, tú simplemente vienes y te encuentras con que se lo llevaron”, comentó molesta Rosanna Hernández, quien tiene un hermano que ha cumplido con ocho años de prisión, de 10.

Asimismo, otros se quejaron por las distancias que serían interpuestas tras los cambios, considerándose que podrían ser llevados incluso a provincias que les resultan lejanas.

“Deben de trasladarlos, sí, pero el problema es que el que vive aquí en la capital, se lo llevan para La Vega y le da brega a la familia porque debe de tomarse un día entero y dinero que no tiene para trasladarse. El que es de La Vega que se lo lleven para allá y así con todos”, se quejó Amado Arias, padre de un hombre condenado a 10 años de cárcel.