El Gobierno empezó ayer a dar los primeros pasos para la eliminación de las instituciones públicas, como parte de los trabajos de eficientización del Estado que el presidente Luis Abinader anunció durante el proceso de transición de mando y en su discurso de toma de posesión del pasado 16 de agosto.

Para tales fines, el jefe de Estado creó la comisión de liquidación o disolución de las instituciones del Estado y estableció los procedimientos que serán seguidos por este órgano. El mandatario ha anunciado, hasta ahora, la eliminación de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE); el Consejo Estatal del Azúcar (CEA); el Despacho de la Primera Dama y el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).

El Poder Ejecutivo creó la comisión mediante el decreto 422-20, cuya disposición indica en su articulado que esta estará a cargo del Ministerio de la Presidencia, que dirige Lisandro José Macarrulla Tavárez.

“Se otorga facultad a la comisión, para la conformación de tantos equipos técnicos de apoyo como sean necesarios, con personal calificado, técnico y administrativo de las instituciones que dirigen y de las propias instituciones involucradas”, dice el estamento en el párrafo uno.

La comisión coordinará con los órganos en la relación del personal, los bienes muebles o inmuebles activos y pasivos de los organismos en proceso de disolución o reestructuración, mediante el siguiente procedimiento:

Primero, el Ministerio de Administración Pública (MAP), la Dirección General de Presupuesto (Digepres) y la Contraloría General de la República (CGR), adoptarán las medidas que correspondan luego de la revisión de cada caso del personal de los organismos objeto de reestructuración o supresión, tomando como base los criterios de regularidad de su designación por la autoridad competente y el desempeño comprobado de los cargos y funciones oficiales de la estructuras orgánicas de las instituciones.

El Gobierno estableció la provisión de los fondos para enfrentar el pasivo laboral generado por la medida correspondiente, en aplicación de la ley No. 41-08 de Función Pública y su reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública, contenido en el decreto No. 523-09, que establece un nuevo régimen de Jubilaciones y Pensiones Civiles del Estado para los funcionarios y empleados públicos.

Nombra en las Zonas Francas y más entidades

El presidente de la República designó a Daniel Antonio Liranzo como director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportaciones, mediante el decreto 423-20. También nombró a nuevos funcionarios en el ministerio de Agricultura, los institutos de la Vivienda, del Tabaco, de la Uva, y de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Además de las direcciones de Ganadería y de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.

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