La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), consideró que el sector judicial debe seguir funcionando aún en tiempos de crisis, y aboga porque se reflexione sobre los protocolos por el COVID-19 para que en la apertura de los tribunales se garantice el acceso a la justicia.

A la entidad le preocupan las recientes resoluciones emitidas por el Consejo del Poder Judicial, ya que plantean el plan de continuidad y el protocolo para el manejo de las audiencias virtuales.

Finjus señaló en un documento que las medidas tomadas “parecen revelar la decisión de mantener el cierre parcial de la modalidad presencial de las labores jurisdiccionales y administrativas encaminándose a la utilización generalizada de los recursos tecnológicos para el conocimiento de los procesos”.

“Entendemos que son múltiples los escenarios que se plantean en la cotidianidad del Poder Judicial que pueden generar focos de transmisión del virus y hemos valorado el esfuerzo realizado desde el órgano de toma de decisiones del Poder Judicial de establecer medidas de prevención y atención desde el inicio de la pandemia”, apuntó la fundación.

Dice Finjus que “resulta crucial e inminente que el órgano de gobierno del Poder Judicial se aboque a la reflexión de sus protocolos y el plan de la reactivación, de manera que la apertura de los tribunales a nivel nacional garantice el “acceso a la justicia” asegurando que cualquier persona, sin importar su condición social, económica, política, pueda acceder al derecho fundamental de la justicia sin demora y garantizándose lo relativo a principios y debido proceso”, abogó Finjus.

“Las medidas que disponga el Poder Judicial para coadyuvar a enfrentar la crisis sanitaria generada por el COVID-19 no deben reforzar las desigualdades estructurales al acceso a la justicia”, cita el documento.

Aunque valoran de importantes los esfuerzos encaminados a la adaptación de forma paulatina del sistema de justicia a la modalidad virtual, Finjus llama a entender que “las actuaciones del Poder Judicial deben estar encaminadas hacia la reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos en forma progresiva encaminándose hacia la realidad presencial y no hacia una imposición abrupta del entorno virtual en el desarrollo del conocimiento de los procesos”.

Acceso a la justicia podría verse afectado

Para Finjus, debe ponderarse la factibilidad de la permanencia e imposición de las iniciativas tomadas, en razón de que pudiera generar una grave afectación respecto del acceso a la justicia dejando en clara desventaja a grupos históricamente discriminados, socialmente vulnerables o en estado de debilidad manifiesta al acceso a la administración de justicia y al debido proceso conforme a ley en tiempos de virtualidad.

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