Impresora Fiscal: la máquina para frenar la evasión.
El 2014 constituyó un año emblemático para el proyecto de soluciones fiscales en los comercios del país, por haberse logrado importantes acuerdos con el sector empresarial y con el comercial grande y mediano en particular. Esto, de acuerdo a una evaluación realizada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), sobre un proyecto que empezó desde finales de 2007 con el fin de ir cerrando las puertas a la evasión fiscal y que desde que fue dado a conocer encontró una ácida resistencia. En 2014 la DGII consiguió que se instalaran 2,134 soluciones fiscales, alcanzando a 723 contribuyentes importantes, certificó cuatro equipos nuevos y 61 sistemas fiscales, autorizando a 35 nuevas empresas distribuidoras para ampliar la cobertura nacional.
Este año 2015, la institución recaudadora ha logrado mayor acercamiento y se ha agenciado con el comercio una mayor cooperación para que el proceso continúe. Lograr ese acercamiento no ha sido tarea fácil, especialmente, porque hay empresas que se resisten aún a que “queden a los ojos del recaudador de impuestos las ventas realizadas”.
Y una muestra de eso fue el llamado formulado en febrero de 2014 por la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), en una pelea abierta para no colocar las máquinas registradoras. La parálisis tuvo efectos desde Dajabón hasta Santiago, Espaillat, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Montecristi y otros pueblos, incluidos el Gran Santo Domingo, pero no logró echar por el suelo el plan de la autoridad fiscalizadora.
La idea para cerrar el cerco a los evasores trajo no solo el tema de las Impresoras Fiscales, sino también otro mecanismo de impacto en la lucha: el Número de Comprobante Fiscal (NCF), con el cual la administración controlaba hasta finales de 2007 el 4.6% de las ventas.
“Estamos cerrando las puertas a la evasión de los dos más importantes gravámenes que administramos: el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS”, dijo la DGII cuando presentó los planes. La institución calculaba que con las Impresoras Fiscales, el primer año de aplicación (en su primera fase) subiría sus recaudaciones en RD$6,000 millones. Y estimó que el programa completo alcanzaría los 9,000 millones de pesos.
¿Qué es una impresora Fiscal o IF?
La anterior subdirectora de Operaciones y Tecnología de la DGII, Germania Montás, la definió como un dispositivo que, aunque sirve para imprimir documentos, su objetivo fundamental desde el punto de vista fiscal es registrar las facturas o comprobantes que se emiten y se imprimen en los puntos de venta.
En concreto, es un dispositivo electrónico que almacena los datos de cada factura emitida por el comercio que tiene instalada la impresora. Los datos almacenados se convierten en lo que se llama el Libro Diario de Ventas que se genera a partir de los datos almacenados en la IF y luego, mensualmente, como establece el decreto que reglamenta las IF, deben ser enviadas adjuntas a la Declaración Jurada del ITBIS que esos negocios deben realizar. O sea, que las IF desde el punto de vista técnico, son “computadores” que tienen dentro un microcódigo que permite realizar una serie de validaciones fiscales y almacenar datos. Por ejemplo valida los descuentos, la tasa del ITBIS, que las facturas no se emitan en cero, entre otros datos.
Se habla de importancia de contribuir con el fisco
Aunque la “cuestión” de las impresoras fiscales tomó mayor cuerpo desde el año 2007, tres años antes de eso (en 2004) se comenzó a trabajar una serie de medidas dirigidas a obtener la equidad promoviendo la transparencia. El proyecto de colocación de Impresoras Fiscales fue una de esas medidas.
La DGII tenía a la vista, principalmente, el tema del ITBIS. Se definió que esa lucha antievasión abarcaría tres procesos básicos. Primero controlar las ventas que el comercio realizaba cuando el consumidor pagaba con medios electrónicos (tarjetas de débito o crédito); controlar las ventas entre empresas o entre contribuyentes y controlar las ventas en efectivo.
La instalación de los primeros aparatos inició en Centro Cuesta Nacional y Grupo Ramos, por ser las dos mayores cadenas de supermercados del país.
Para 2015 la Federación de Cámaras de Comercio firmó un acuerdo con la Dirección de Impuestos Internos para desarrollar jornadas de capacitación con los afiliados del comercio.
Esos encuentros fueron programados para las provincias Sánchez Ramírez, Valverde, Puerto Plata, La Vega, Barahona, Santiago y Peravia, entre otros.
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