La detención en Estados Unidos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), un hecho sin precedentes en la historia de Panamá, marcó este lunes el comienzo de una nueva etapa que parece estar más cerca de su extradición por un caso de escuchas ilegales.

Martinelli tiene una alerta roja de Interpol desde el pasado 21 de abril solicitada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá, que lo investiga por la supuesta interceptación de comunicaciones privadas a más de 200 opositores durante su Administración.

El expresidente fue puesto bajo custodia de las autoridades federales de Estados Unidos "cerca de su casa", en Coral Gables, una ciudad aledaña a Miami, y este martes comparecerá ante la Justicia, informó a Efe el Cuerpo de Alguaciles de EEUU.

Su arresto es el primer resultado de un proceso que comenzó la máxima corte de Panamá en diciembre de 2015, cuando ordenó su detención provisional para que compareciera en las audiencias del caso de las escuchas.

La Cancillería de Panamá solicitó a EEUU en septiembre del año pasado detener y extraditar a Martinelli, y el pasado abril el Órgano Judicial de Panamá publicó en dos diarios estadounidenses la notificación sobre la audiencia de imputación de cargos de este proceso judicial, para convocar al expresidente.

Pero él no ha regresado a Panamá desde enero de 2015, cuando la CSJ le abrió la primera de una decena de causas que siguen su curso.

El expresidente nunca escondió su residencia en EEUU y desde su cuenta de Twitter aseguró en repetidas ocasiones que no regresaría a Panamá hasta que hubieran garantías de que se respetarían sus derechos y de que el Gobierno de su sucesor, Juan Carlos Varela, no interferiría en la Justicia.

Desde que Martinelli abandonó el poder, decenas de funcionarios de su Administración están procesados por casos de supuesta corrupción en los que se movieron millones de dólares, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía local.

Esa cruzada trascendió fronteras este lunes por primera vez con la detención del expresidente, quien pasará a la historia como el primero en ser arrestado en el extranjero con fines de extradición.

Los abogados de Martinelli en su país fueron los primeros en confirmar la detención a Efe, y anunciaron el trámite de una fianza para su excarcelación.

Poco después indicaron en una improvisada rueda de prensa que el proceso de extradición sigue "su curso normal" y que serán los abogados de EEUU los únicos que darán información sobre la situación jurídica del exmandatario.

Ni los abogados ni Martinelli, muy activos en las redes sociales, han hecho publicaciones sobre la detención.

Solo Rodrigo Sarasqueta, un dirigente del partido del expresidente, Cambio Democrático (CD), escribió en su Twitter: "A todos les informo que no se alarmen, Ricardo Martinelli está bien. Pronto, luego de breve procedimiento legal será puesto en libertad".

Para el próximo 14 de junio la CSJ panameña programó la audiencia de imputación de cargos que originalmente se haría el 10 de mayo pero que fue pospuesta para darle oportunidad al acusado de presentarse.

Y aunque las fechas parecen coincidir, la detención no implica una inmediata extradición.

El internacionalista panameño Alonso Illueca explicó el lunes en medios locales que al expresidente tendrá la oportunidad de defenderse ante la Justicia de EEUU antes de que se decida su repatriación, y además el Departamento de Estado tiene la potestad de frenar el proceso si considera que perjudicaría sus relaciones exteriores.

El secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD-opositor), el diputado Pedro Miguel González, dijo a Efe hoy que espera que Martinelli "finalmente regrese a Panamá" para que responda a los distintos procesos, pero que al igual que cualquier otro ciudadanos, "se le deben respetar sus derechos y garantías procesales".

La notificación de Interpol en este caso está sustentada en varios supuestos delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública en "diferentes formas de peculado", de acuerdo con la información oficial.

Dos hijos del expresidente también tienen en su contra alertas de Interpol por su vinculación con el caso de los sobornos de la brasileña Odebrecht, por el que están imputadas un total de 36 personas.

De acuerdo con las confesiones de la multinacional a la Justicia de EEUU, durante el Gobierno de Martinelli pagó al menos 59 millones de dólares en sobornos.