
Wilfrido Vargas tiene un mes para apelar condena de RD$14 millones por "El baile del perrito"
- La decisión de la jueza Nidia Victoria Jorge Taveras reconoce a Juan Valdez Ybet como coautor de la canción
El músico y empresario Wilfrido Vargas tiene abierta la posibilidad de recurrir ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la sentencia que lo condenó, junto con su empresa, a pagar RD$14 millones al compositor Juan Valdez Ybet por la vulneración de sus derechos de autor sobre la canción "El baile del perrito".
La decisión, emitida el 28 de octubre de 2026 por la jueza Nidia Victoria Jorge Taveras, de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, constituye un fallo de primer grado y, por tanto, puede ser revisada por un tribunal superior.
De acuerdo con el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil dominicano, el plazo ordinario para apelar es de un mes a partir de la notificación de la sentencia, no desde la fecha en que fue pronunciada.
El documento judicial, de 25 páginas, no establece cuándo fue notificada la decisión a Vargas y a la Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L., por lo que todavía no es posible determinar la fecha exacta de vencimiento del plazo. Tampoco se ha confirmado públicamente la presentación de un recurso contra el fallo.
¿Qué puede cuestionar Wilfrido Vargas?
La defensa del merenguero dispone de varios aspectos de la sentencia que podría someter al examen de los jueces de segundo grado.
Uno de ellos es el reconocimiento de Juan Valdez Ybet como coautor de la denominada parte B de "El baile del perrito".
Durante el proceso, los abogados de Vargas sostuvieron que Valdez había sido contratado y remunerado como arreglista, una función distinta de la composición musical, y que siempre recibió los créditos correspondientes a su trabajo.
Sin embargo, el tribunal determinó que su participación trascendió los arreglos e incluyó aportes a la letra y melodía de una parte de la canción.
La sentencia fundamentó ese reconocimiento en declaraciones testimoniales, una grabación conservada originalmente en casete y posteriormente digitalizada, así como referencias del libro autobiográfico "Me volviste loco, Wilfrido", escrito por el propio artista.
La defensa podría solicitar que los jueces de apelación revisen la valoración conjunta de esas pruebas y determinen si resultan suficientes para establecer la coautoría.
No obstante, uno de los elementos que deberá enfrentar es que la magistrada consignó expresamente que las conversaciones recogidas en la grabación y transcritas en una compulsa notarial no fueron controvertidas por la contraparte durante el proceso.
La prescripción, otro punto de controversia
La defensa también podría insistir en el argumento de que la reclamación fue presentada más de 30 años después de la creación de la canción.
Los abogados del merenguero ya habían solicitado que la demanda fuera declarada inadmisible por prescripción, al considerar que había transcurrido el tiempo establecido para reclamar daños y perjuicios.
La jueza rechazó ese planteamiento al aplicar la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, que reconoce el carácter imprescriptible de los derechos morales y la protección de los derechos patrimoniales durante la vida del autor.
Además, el tribunal respaldó su interpretación en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 20 de diciembre de 2024, que había abordado el régimen de prescripción de las acciones relacionadas con los derechos de autor.
En consecuencia, una eventual apelación sobre este punto tendría que enfrentar tanto los argumentos de la jueza como el precedente judicial citado en el fallo.
¿Puede conseguir una reducción de los RD$14 millones?
Otra posibilidad es cuestionar el monto de la indemnización.
La sentencia estableció RD$12 millones por daños morales y RD$2 millones por daños patrimoniales.
Para determinar la compensación económica, la jueza reconoció que no fue posible verificar con precisión los ingresos que Valdez habría dejado de recibir durante más de tres décadas por la explotación comercial de la obra.
Ante esa dificultad, utilizó la facultad contemplada en el artículo 177 de la Ley 65-00 para fijar una indemnización por daños patrimoniales de RD$2 millones.
La defensa podría solicitar una revisión de la valoración de los daños y de la proporcionalidad de la indemnización moral, fijada en RD$12 millones.
La Corte de Apelación tendría facultad para confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado, según los argumentos y las pruebas sometidos a su consideración.
También existe la posibilidad de que la parte demandante recurra los aspectos del fallo que considere desfavorables. Valdez había solicitado originalmente RD$100 millones, pero el tribunal acogió parcialmente su demanda.
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