Es sábado por la mañana y Marcia González debería estar en la iglesia, pero dejó a su marido a cargo de sus compromisos eclesiales. Libro en mano y voz de Caribe, ríe con las adolescentes que instruye en un colegio al sur de República Dominicana.

“Órganos sexuales internos de la mujer”, dicen las letras de colores sobre un póster pegado al pizarrón.

Que su esposo sea diácono y ella coordine las actividades del templo no le impide nombrar las partes del cuerpo femenino libre de prejuicios y tabúes. “Él siempre ha tenido una mente muy abierta y dice que la educación sexual hay que traerla a las escuelas”.

La isla caribeña es una de las cuatro naciones que aún penaliza el aborto sin excepciones en América Latina, pero la imposibilidad de interrumpir de un embarazo es sólo un eslabón de la cadena que vulnera los derechos de la mujer.

Aquí, denuncian activistas, la pobreza lleva a algunas madres a casar a sus hijas de 14 o 15 años con hombres de 50 o 60. 

El estigma dificulta que los jóvenes accedan a métodos anticonceptivos y a información sobre su uso. La tolerancia al incesto silencia el abuso sexual.

De cada 1,000 jóvenes de entre 15 y 19 años, 42 fueron madres en 2023, dice el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y hasta 2019, cuando UNICEF publicó su último informe sobre el matrimonio infantil en el país, más de un tercio de las dominicanas establecieron uniones antes de cumplir 18.

La ley prohíbe los matrimonios de menores desde 2021, pero activistas y líderes comunitarias aseguran que las uniones continúan porque se han normalizado o se desconoce la legislación.

“En el curso de Melanie, que es mi nieta de 14 años, dos amiguitas menores que ella ya están casadas”, dice Marcia. “Muchas madres le damos la responsabilidad de nuestros hijos a las hijas más grandes, entonces, en vez de cuidar muchachitos, mejor te vas con el marido”.