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Tras la petición este martes del arresto del exministro ruso de Defensa Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, aumentan a seis las órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional contra líderes rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, por crímenes de guerra y lesa humanidad en Ucrania desde 2022.

La CPI considera a Shoigú (69 años) y Guerásimov (68 años), que en el momento de la presunta conducta criminal eran, respectivamente, ministro de Defensa, y jefe del Estado Mayor General, “responsables a nivel penal” de “ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana” desde al menos el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de marzo de 2023.

En ese período, el Ejército ruso llevó a cabo numerosos ataques a plantas de energía eléctrica y subestaciones en varias localidades de Ucrania. La CPI cree que el daño colateral previsto a civiles y sus bienes era “claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada” a la hora de atacar esas instalaciones, incluso si estas fueron consideradas “objetivos militares”.

La Sala de Cuestiones Preliminares II autorizó las órdenes de arresto solicitadas por el fiscal Karim Khan, que sospecha que ambos altos cargos son culpables de crímenes de guerra por “dirigir ataques contra objetivos civiles” y por “causar daños colaterales excesivos” a civiles, así como de crímenes de lesa humanidad por “actos inhumanos”.

Los objetivos principales del derecho internacional humanitario es la protección de los civiles en conflictos armados, recordó la CPI, que advirtió de que el “principio de distinción” prohíbe el uso de la fuerza armada contra personas protegidas durante las hostilidades.

“La presunta campaña de ataques constituye un tipo de conducta que implica la comisión múltiple de actos contra la población civil, llevados a cabo de acuerdo con una política estatal”, advirtió la Sala, que acusó a los sospechosos de causar “intencionadamente un gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o la salud mental o física” de la población civil, “actos inhumanos” definidos como “crimen de lesa humanidad”.

Shoigú, confidente del presidente Vladimir Putin, fue ministro de Situaciones de Emergencia de 1991 hasta 2012, cuando ascendió a ministro de Defensa, cargo del que fue destituido el mes pasado. Ahora es secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.

Mientras, el general Guerásimov es jefe del Estado Mayor desde 2012, y, desde enero de 2023, comandante de lo que se conoce como “Grupo de Fuerzas Conjuntas en la Zona de Operaciones Militares Especiales”.

Aunque la Sala autorizó a hacer públicas estas órdenes de arresto, su contenido permanece «secreto» para proteger a los testigos y salvaguardar las investigaciones. No siempre se anuncian las órdenes de detención aprobadas por el tribunal o solicitadas por la fiscalía, pudiendo permanecer confidenciales durante años.

En el caso de la situación en Ucrania, se conoce de la existencia de seis órdenes de detención, incluidas las anunciadas hoy.

Las dos primeras llegaron en marzo de 2023 contra Putin y la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, por deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI.

A estas siguieron en marzo pasado las del teniente general de las Fuerzas Armadas Rusas, Sergey Kobylash, y el almirante de la Armada Rusa, Viktor Sokolov, por dos crímenes de guerra y uno de lesa humanidad, debido a ataques contra infraestructura crítica en Ucrania como plantas de energía y subestaciones desde octubre de 2022.

“Aquellos responsables de acciones que afectan a civiles inocentes o a objetos protegidos deben saber que esta conducta está regida por un conjunto de normas reflejadas en el derecho internacional humanitario. Todas las guerras tienen reglas. Esas reglas obligan a todos sin excepción”, advirtió el fiscal Karim Khan.

Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en su territorio desde el 20 febrero de 2014, lo que incluye la anexión rusa de Crimea y la agresión a Ucrania en febrero de 2022.

Queda en manos de los 124 Estados miembros el cumplimiento de estas órdenes de detención y el envío a La Haya de los sospechosos, ya que la CPI no tiene una fuerza propia para arrestar a los acusados

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La Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará desde este miércoles su 54 Asamblea General en Paraguay, con la integración y la seguridad para el desarrollo sostenible de la región como eje de sus deliberaciones y la situación política y de derechos humanos en Haití, Nicaragua y Venezuela entre sus preocupaciones centrales.

Con una escasa atención mediática en los días previos, Asunción y la vecina ciudad de Luque albergarán hasta el viernes 21 delegaciones con sus cancilleres y nueve lideradas por otros delegados, según el listado provisional de asistentes.

En este período ordinario de sesiones, Estados Unidos estará representado por el subsecretario de Estado Richard Verma y el encargado para América Latina, Brian Nichols, que llegarán con la tarea de impulsar el apoyo a la misión de seguridad que debe desplegarse en Haití y condenar las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.

Paraguay, el país anfitrión, estará representado por el ministro de Exteriores, Rubén Ramírez.

Hace una década, en 2014, el país sudamericano acogió una Asamblea General.

Sería esa su segunda ocasión, ya que en 1990, un año después del retorno de la democracia tras la caída de la prolongada dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), debutó como sede.

Será este el primer cónclave anual sin la presencia formal de Nicaragua, que desde el 19 de noviembre de 2023 oficializó su salida de esta organización. Pese a su ausencia, la OEA no ha cesado de advertir sobre la delicada situación en el país centroamericano, que será analizada por el plenario para posteriormente emitir una declaración al respecto.

Tampoco se espera esta vez una representación de Venezuela, que no ha contado con delegados en las dos últimas ediciones de esta asamblea.

La condición de este país como Estado miembro plantea una interpretación inédita de la jurisprudencia americana, luego del cese del considerado Gobierno interino encabezado por el opositor Juan Guaidó.

El líder opositor revocó en marzo de 2019 la denuncia a la Carta de la OEA que había presentado en abril de 2017 el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Con las elecciones presidenciales del 28 de julio en puertas y una campaña salpicada por la inhabilitación de candidatos y la detención de opositores, no se descarta que el país caribeño sea motivo de debate entre los ministros y jefes de misión, aunque no existe una propuesta específica de resolución o declaración dedicada a Venezuela.

La OEA reflotará, igualmente, la cuestión de las Malvinas, tema que ha tomado un nuevo cariz con la llegada al poder del presidente Javier Milei, quien, sin renunciar a la soberanía sobre esas islas, ha admitido que están «en manos del Reino Unido» y que no hay una «solución instantánea» a la disputa.

Se anticipa de igual forma una resolución sobre los derechos humanos en la región y que aborde la cuestión de la seguridad tras los recientes hechos de violencia atribuidos al narcotráfico en Ecuador y casos que han sacudido a países como Paraguay, como el asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci.

Vecindario con nuevas y viejas caras

La cumbre de la OEA tendrá como telón de fondo una región con nuevas caras en la política, como el argentino Milei y el presidente anfitrión, Santiago Peña, pero también con Brasil nuevamente bajo la conducción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha estrechado sus lazos con China y Rusia, sus aliados en el bloque de los BRICS.

Estados Unidos, en palabras de su embajador ante la OEA, Frank Mora, ha defendido que este organismo -blanco de críticas de varios de sus miembros- proporciona una plataforma «única e importante» para dar una «respuesta colectiva» a los desafíos transnacionales que encara la región.

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Un primer contingente de policías kenianos llegó este martes a Puerto Príncipe, en el marco de una misión internacional para restablecer la seguridad en Haití, un país sacudido por la violencia de las pandillas, comprobó la AFP.

Un avión de la aerolínea nacional Kenya Airways aterrizó poco antes de las 14H00 GMT en el aeropuerto de la capital haitiana con los policías a bordo.

El avión había despegado de Nairobi el lunes por la noche, después de que el presidente keniano, William Ruto, visitara a los agentes antes de su partida.

"Esta misión es una de las más urgentes, importantes e históricas de la historia de la solidaridad mundial", declaró el jefe de Estado en una ceremonia celebrada a puerta cerrada, según la oficina presidencial.

Kenia propuso enviar a un millar de policías a Haití para esta misión, cuya duración inicial será de un año y a la que se comprometieron en participar Bangladés, Benín, Chad, Bahamas y Barbados.

El despliegue de esta fuerza, aprobado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en octubre, ha sido duramente criticado en Kenia.

Haití sufre una inestabilidad política crónica desde hace décadas, y en los últimos meses se ha enfrentado a un recrudecimiento de la violencia de las pandillas, que controlan el 80% de la capital, Puerto Príncipe.

La espiral de violencia ha provocado una crisis humanitaria en el pequeño país caribeño.

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El portal WikiLeaks anunció este lunes en su cuenta de X que Julian Assange dejó por la mañana la prisión de alta seguridad británica donde estaba recluido y ya abandonó el Reino Unido con el objetivo de volver a Australia.

"Julian Assange está libre. Dejó la prisión de máxima seguridad de Belmarsh la mañana del 24 de junio, tras haber pasado allí 1,901 días", informó WikiLeaks en X.

LIBERTAD BAJO FIANZA

El portal asegura que Assange, de 52 años y nacionalidad australiana, "recibió libertad bajo fianza por el Tribunal Superior de Londres y fue liberado en el aeropuerto de Stansted durante la tarde, donde abordó un avión y salió del Reino Unido".

"Después de más de cinco años en una celda de 2x3 metros, aislado 23 horas al día, pronto se reunirá con su esposa Stella Assange y sus hijos, que solo han conocido a su padre tras las rejas", afirma el portal, que concluye su mensaje en X diciendo: "La libertad de Julian es nuestra libertad".

WikiLeaks también publicó un vídeo en el que se ve a Assange, con el pelo blanco peinado hacia atrás, revisando unos papeles y luego subiendo a pie la escalerilla de un avión.

El anuncio de WikiLeaks se produce después de que se desvelara en documentos judiciales que Assange alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense que le permitirá regresar a Australia y pondrá fin a una larga saga judicial por la filtración de documentos clasificados.

Assange comparecerá el miércoles a las 9:00 hora local (23:00 GMT del martes) en un tribunal de las Islas Marianas, un territorio estadounidense en el océano Pacífico, para finalizar ese acuerdo con el Departamento de Justicia.

La justicia estadounidense había acusado a Assange de hasta 18 delitos por violar la Ley de Espionaje debido a una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia de Estados Unidos en 2010, que reveló secretos de las guerras de Irak y Afganistán, así como datos sobre los detenidos en la base de Guantánamo, entre otros asuntos.

Según el acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia, Assange se declarará culpable el miércoles, durante una audiencia judicial, de un solo cargo por conspirar para obtener y difundir ilegalmente información clasificada.

ISLAS MARIANAS

La comparecencia se realizará en un tribunal de las Islas Marianas, debido a la oposición de Assange a viajar al territorio continental de Estados Unidos y a la proximidad del tribunal con Australia, según una carta del Departamento de Justicia presentada ante el juzgado.

Según el acuerdo, que aún debe ser aprobado por un juez, Assange solo sería sentenciado a 62 meses de prisión, equivalentes al tiempo que ya ha cumplido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh.

Organizaciones defensoras de la libertad de prensa llevan años pidiendo la liberación de Assange y su esposa, Stella, ha estado liderando una campaña en su defensa con la participación de famosos y personalidades políticas. 

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Este lunes se cumplen dos años desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos tumbara la sentencia Roe vs Wade que protegía el aborto a nivel nacional. Abortar es hoy una odisea para millones de mujeres por las restrictivas normas aprobadas en muchos estados, que también hacen la vida imposible a colectivos como médicos o abogados.

Desde que el TS, de mayoría conservadora, eliminara la protección existente desde 1973, decenas de estados han elaborado legislaciones restrictivas: en 14 es imposible abortar o el límite son seis semanas, cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas, y en otros siete se han puesto impedimentos y bajado plazos.

En la mayoría de los 21 no hay excepciones ni por violación ni por incesto y sólo se puede cuando la vida de la madre está en peligro, una situación que tiene aterrados a los médicos, quienes pueden enfrentarse a penas de hasta 99 años de prisión por practicar un aborto.

Según Noel León, directora del Fondo de Defensa Legal para el Acceso al Aborto (Abortion Access LDF), la decisión del TS sumió a medio país en «un caos legal».

Médicos, mujeres o personas que las ayudan mínimamente pueden verse en problemas. «Hasta un taxista que traslada a una mujer podría ser objeto de una demanda», explica a EFE.

El Fondo, creado por el Centro Nacional de Derecho de la Mujer, es una de las organizaciones que ha surgido tras el fin de Roe vs Wade para ayudar, en este caso, a los demandados.

Muchos de ellos son médicos, una profesión especialmente resentida. Según cuenta a EFE Jennifer Klein, directora del Comité de Políticas de Género de la Casa Blanca y asesora del presidente, Joe Biden, no aguantan la presión y «abandonan sus estados».

Las restricciones tendrán también «implicaciones para la capacitación de la próxima generación de médicos», añade, dos situaciones que repercuten directamente en la salud de las estadounidenses.

27 millones de mujeres en riesgo

Más de 27 millones de mujeres en edad reproductiva viven en uno de los 21 estados restrictivos, afirma Klein. Es decir, «una de cada tres mujeres en edad reproductiva» en el país. «El impacto es devastador», sostiene.

A miles de mujeres, añade, «se las rechaza en las salas de emergencia o deben viajar cientos de millas para recibir atención». Las más afectadas son las latinas y de origen afroamericano.

Según el Instituto Guttmacher, la proporción de pacientes que viajan a otros estados para abortar se ha duplicado: de una entre diez en 2020 a una entre cinco en 2023.

Datos del Center for American Progress señalan que los tiempos de viaje para acceder a un aborto se han multiplicado por 300 en los últimos dos años y el tiempo promedio de conducción pasó de 33 minutos a dos horas y 12 minutos.

Pero la situación se agrava en estados como Florida, por ejemplo, que pasó de 22 minutos a nueve horas y ocho minutos.

¿Está bajando el número de abortos?

Lo paradójico es que el número de abortos no baja, sino que sube. En 2023 hubo más de 1 millón, la tasa más alta en más de una década y un 10 % más que en 2020, según el Instituto Guttmacher.

Ello se debe, en parte, al aumento del aborto con medicamentos (mifepristona y misoprostol) en lugar de con cirugía.

Y es que los jueces conservadores y los políticos extremistas del Partido Republicano no representan el verdadero pensamiento de los ciudadanos, asegura Klein.

«Una gran mayoría del pueblo estadounidense cree que el aborto debería seguir siendo legal, independientemente de sus propias creencias» y de sus inclinaciones políticas, agrega.

Por ello el aborto está llamado a ser uno de los grandes temas de la campaña a las presidenciales de noviembre, pues desde el equipo de Biden son conscientes de que la defensa férrea que se ha hecho desde la Casa Blanca puede tener rédito en las urnas.

Donald Trump (presidente entre 2017 y 2021), sin embargo, no acaba de ser claro con el tema, pese a que siempre se ha jactado de haber sido el facilitador de la caída de la sentencia que protegía el derecho sobre sus cuerpos de todas las estadounidenses.

Pero los antiabortistas y republicanos extremos piden hacer más y se han marcado un nuevo objetivo que avisa de que lo peor puede estar por venir: prohibir la píldora antiabortiva.

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De acuerdo con el diario haitiano Le Nouvelliste, el presidente de Kenia, William Ruto, visitó este lunes al primer contingente de 400 policías que volará el martes a Haití como parte de una misión internacional para ayudar a las fuerzas de seguridad de este país caribeño, azotado por la violencia de las pandillas.

El Consejo de Seguridad de la ONU dio luz verde a la misión en octubre, pero su despliegue estuvo suspendido durante meses debido a retrasos logísticos y desafíos legales en curso en Kenia.

El presidente Ruto, que había aceptado que su país tomara la iniciativa en esta misión después de meses de negociaciones, acudió el lunes a los acantonamientos de las fuerzas policiales de élite para una ceremonia de despedida a puerta cerrada.

«Fue una ceremonia oficial. 400 agentes están listos para partir mañana hacia Haití», dijo

La información fue confirmada por un miembro de la presidencia, quien indicó que el jefe de Estado les había obsequiado simbólicamente una bandera de Kenia.

En total, Kenia deberá enviar mil hombres a Haití. Otros países también deben contribuir a esta fuerza: Benín, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Chad…

El contingente keniano estará formado por policías de élite, en particular del escuadrón antiterrorista Recce Squad que intervino durante los ataques perpetrados por los islamistas radicales somalíes Shebab en suelo keniano (contra la Universidad de Garissa en 2015 y los centros comerciales Westgate). y Dusit en 2013 y 2019).

El diario haitiano explicó que estará formado también por miembros de la Unidad de Despliegue Rápido (RDU), de la Unidad Antirrobo y de la Unidad de Patrulla Fronteriza (BPU), que participan en particular en la lucha contra los shebab en las regiones fronterizas con Somalia.

Esta misión multinacional de apoyo a la seguridad (MMAS), prevista para una duración inicial de un año (hasta octubre de 2024), apoyará a la policía haitiana en sus operaciones contra las pandillas y el crimen, garantizará la seguridad de las infraestructuras (aeropuerto, puertos, escuelas, hospitales, etc.) y permitir a los civiles «un acceso seguro y sin obstáculos a la ayuda humanitaria», según la resolución votada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 2 de octubre.

En Kenia, la operación ha suscitado fuertes críticas.

El partido de oposición «Thirdway Alliance» presentó a mediados de mayo un nuevo recurso para impedirlo, acusando al Gobierno de «desacato al tribunal» y de continuar una misión considerada «inconstitucional, ilegal e inválida» por una sentencia del 26 de enero.

Uno de los líderes del partido, Ekuru Aukot, declaró el lunes a la AFP que presentaría «una orden judicial contra el despliegue».

“William Ruto es simplemente un esclavo de Estados Unidos o de los globalistas e imperialistas”, dijo: “no tiene sentido que quiera enviar a nuestros agentes de policía a Haití cuando ni siquiera podemos remediar la situación de inseguridad en Baringo, Turkana, Wajir, en el norte de Kenia, o incluso en Nairobi.

Frente a las críticas, Ruto, que se esfuerza por imponer a Kenia en la escena internacional, defendió una «misión para la humanidad», en un país devastado, según él, por el colonialismo.

Haití ha sufrido una inestabilidad política crónica durante décadas. Pero en los últimos meses, el país ha tenido que afrontar un resurgimiento de la violencia de las pandillas, que controlan el 80% de la capital, Puerto Príncipe.

El país también vive una grave crisis humanitaria, con escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos.

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Los fiscales mostraron el jueves a los jurados en el juicio del senador Bob Menéndez múltiples casos en los que investigó el valor del oro mientras intentaba ayudar a un empresario de Nueva Jersey que, según las autoridades, lo sobornó con oro y dinero en efectivo.

La evidencia sobre las búsquedas en línea del demócrata se mostró de manera destacada ante un jurado de Nueva York mientras los fiscales rastreaban el historial de sus mensajes de texto y consultas en Internet mientras supuestamente intentaba ayudar a Fred Dabies, un destacado promotor inmobiliario de Nueva Jersey que está siendo juzgado con él.

La evidencia se considera crucial en el esfuerzo del gobierno por demostrar que Menéndez y su esposa recibieron lingotes de oro, dinero en efectivo y un automóvil de lujo de 2018 a 2022 de tres empresarios de Nueva Jersey que se beneficiaron de favores que Menéndez supuestamente entregó a cambio.

Menéndez, Dabies y otro empresario y coacusado, Wael Hana, se declararon inocentes. Su esposa, Nadine Menéndez, se enfrentará a un juicio en una fecha posterior después de que se recupere de una cirugía de cáncer de mama. Ella también se ha declarado inocente.

Un tercer empresario se declaró culpable antes del juicio y testificó contra los otros acusados antes de que el juicio entrara en su sexta semana en el tribunal federal de Manhattan.

Los lingotes de oro encontrados en la casa que Menéndez compartía con su esposa en Englewood Cliffs, Nueva Jersey, desempeñaron un papel destacado al principio del juicio cuando un agente del FBI describió una búsqueda en 2022 de la residencia a la que el senador se mudó después de que la pareja se casara en 2020. dos años después de que comenzaron a salir.

La búsqueda encontró lingotes de oro por valor de más de 100.000 dólares y más de 486.000 dólares en efectivo, algunos metidos en los bolsillos de abrigos colgados en armarios o en zapatos y botas. Un Mercedes-Benz que, según los fiscales, fue un soborno, estaba estacionado en el garaje.

El jueves, el tema del oro surgió repetidamente cuando otro agente del FBI describió las búsquedas en Internet que realizó Menéndez cuando investigó el precio del oro en abril de 2019, dos veces en mayo de 2021, nuevamente en octubre de 2021, dos veces en diciembre de 2021, una vez en enero de 2022 y nuevamente en marzo y mayo de 2022.

Entre las búsquedas, dijo el agente Paul Van Wie, hubo casos en los que Menéndez investigó el valor de un gramo, una onza y un kilo de oro. El agente dijo que una búsqueda en el historial de Menéndez en Internet desde 2008 mostró que el senador nunca había buscado precios del oro durante ese lapso hasta el 5 de abril de 2019.

Los abogados defensores han dicho que los lingotes de oro encontrados en la casa pertenecían a Nadine Menéndez y que ella mantuvo al senador en secreto sobre los regalos que aceptó cuando no tenía dinero en efectivo.

Los fiscales intentaron demostrar el jueves a través de correos electrónicos, mensajes de texto y búsquedas en línea del precio del oro que Menéndez estaba interesado en el oro mientras supuestamente buscaba recomendar un nuevo fiscal federal para Nueva Jersey que pudiera ayudar a Dabies a obtener un resultado favorable en un caso penal. En su contra.

Las búsquedas en línea también se produjeron cuando Menéndez supuestamente utilizó su influencia internacional para ayudar a Dabies a conseguir una inversión de 95 millones de dólares de un fondo de inversión qatarí tomando medidas favorables al gobierno de Qatar.

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 El verano entra oficialmente en los Estados Unidos este 21 de junio hasta el próximo 22 de septiembre y las temperaturas ya rondan sobre los 90 grados.
La llegada del verano se celebra en EE. UU. con diferentes actividades y propuestas que los ciudadanos tienen la costumbre de disfrutar en familia.
Las olas de calor matan anualmente en el mundo alrededor de 10 millones de personas y de esa cantidad en los USA mueren cerca de mil.
De su parte, el comisionado de Gestión de Emergencias de NYC, indica que el calor extremo ocasiona el fallecimiento en la Gran Manzana de unos 350 neoyorquinos.
Las personas que fallecen son aquellas en riesgo, como enfermos agudos y crónicos que toman medicamentos, los que realizan actividades al aire libre como los deportistas, trabajadores, niños, ancianos y los que son olvidados en vehículos, asegura el director del Departamento de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Asimismo, la organización de salud indica que permanecer por mucho tiempo en un ambiente caluroso aumenta la incidencia de edemas, desmayos y aparición de calambres musculares, así como deshidratación severa, accidentes cerebrovasculares.
“Además, hace que las personas se tornen más intolerantes y sensibles, afectando las buenas relaciones humanas, la capacidad de trabajo y de concentración, porque tiene que ver con la serotonina, que es ese neurotransmisor que regula el estado de ánimo, la ansiedad, la depresión, influyendo en el comportamiento de las personas», sostiene la OPS.
Todos los años, EUA tiene dos cambios de horario, uno al comenzar la temporada de verano y otro al finalizar la misma. El horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre.
En esta fecha, los relojes se adelantan una hora para aprovechar al máximo la luz del sol y beneficiar la economía, y en noviembre los relojes se atrasarán una hora.
Esta práctica tiene como objetivo principal aprovechar al máximo la luz solar y, de esta manera, ahorrar electricidad.