Santo Domingo

En medio del escarceo generado por la resolución que tipifica faltas y sanciones a centros y personal de salud por muertes maternas o infantiles evitables, el Ministerio de Salud reiteró ayer que en su rol rector y regulador  continuará trabajando para cristalizar sus principales metas, entre las que figura una baja de la mortalidad en esa población en el país.

A través de una escueta declaración a través de su Gerencia de Comunicaciones, el Ministerio agrega que esa decisión, entre otras razones, está dirigida a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, conforme se ha propuesto el Gobierno Nacional y que por demás están consignados en compromisos internacionales.

Previamente, el Colegio Médico Dominicano  (CMD) había anunciado que apoderó a un equipo jurídico para hacer un análisis de las implicaciones de esa resolución emitida esta semana por el  Ministerio de Salud.

El anuncio del apoderamiento lo hizo ayer el presidente del CMD, Wilson Roa, tras expresar el rechazo del gremio a la disposición, y señaló que el Ministerio de  Salud lo que debe preocuparse es por suplir de insumos y equipos médicos a los hospitales públicos, para poder dar una respuesta de calidad a los pacientes que acuden a esos centros, que ya no aguantan más parches.

“Deseo expresar mi  más enérgico  rechazo a las pretensiones de la ministra de Salud Pública de penalizar y condenar a los médicos al proponer una  resolución que de ninguna manera aceptaremos, ya que viola preceptos legales, llegando incluso a asuntos de carácter constitucional y violatorios de acuerdos internacionales firmados por el Estado Dominicano”, indicó en rueda de prensa.

Dijo que esa resolución  contiene 13 dispositivos como marco jurídico citando las leyes de Salud, la 42-01, la de Función Pública, la 247-12, la que crea el ministerio de Administración Pública, la 41-08 y la que rige el Sistema de Seguridad Social, la 87-01 violando en varias partes dichas leyes al otorgarse el ministerio de Salud categoría penal para, entre otras cosas, plantear la cancelación del exequátur a los médicos o penalizarlos en caso de muertes materna o infantil.