SANTO DOMINGO. El Gobierno dominicano está en conversación con el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella para tratar de llegar a un acuerdo respecto a la solicitud de pago de los US$708 millones que están exigiendo por los atrasos en la ejecución de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

En caso de que las conversaciones con los ejecutivos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) no prosperen, “inminentemente” las partes envueltas en el proceso estarán inmersas en un proceso de arbitraje internacional a celebrarse en Nueva York, informaron fuentes a Diario Libre.

Las fuentes dijeron que el Estado ha estado sosteniendo reuniendo con varias firmas de abogados en Estados Unidos entre ellas, Foley Hoag LLP, experta en litigación internacional y prácticas de arbitraje, en tanto que Odebrecht ya ha notificado a su personal que si no hay éxito en la conversación con el Estado dominicano, contratarán expertos internacionales para que asuman su defensa.

El departamento de comunicaciones de la CDEEE informó que el vicepresidente ejecutivo, Rubén Jiménez Bichara, regresaba ayer de Estados Unidos, donde se reunió con la firma norteamericana Stanley Consultants, responsable de la evaluación técnica en la licitación para la construcción de planta a carbón.

Esteban Delgado, director de comunicaciones, confirmó que Foley Hoag LLP está entre las siete firmas que están siendo contactadas por la entidad a los fines de seleccionar a la que pudiera ser contratada para su representación en un eventual proceso de arbitraje con respecto al reclamo adicional de US$708 millones que hace el Consorcio.

“Sin embargo, hasta ahora, la CDEEE no ha contratado a ninguna de esas firmas de abogados. La CDEEE continúa en el proceso de contactos”, aclaró el funcionario.

Ante la presión del Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella para que el Gobierno le pague US$708 millones más de lo estipulado en el contrato para la construcción de Punta Catalina, Jiménez Bichara advirtió en agosto pasado que el Gobierno no está en la disposición de pagar ni un solo centavo adicional al monto que se origina de la aplicación estricta del contrato sostenido con el Consorcio.