Aprueban Ley de Lavado con bancas de apuestas
El Senado convirtió ayer en ley el proyecto Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo donde se incluyeron las bancas de loterías y juegos de azar como sujetos a ser regulados, y en cambio se dejaron fuera a las cooperativas de ahorros y préstamos.
La propuesta, que busca sustituir y derogar la Ley No.72-02, sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, fue también aprobada ayer por la Cámara de Diputados, en una sesión previa.
Los 29 senadores presentes en la sesión votaron por este proyecto, incluyendo a Charlie Mariotti, quien en la sesión anterior sometió modificaciones a la pieza, que fue enviada por el Poder Ejecutivo, y que fueron aceptadas.
Este mismo senador, previo a la votación, había advertido de las consecuencias si el país no alineaba la normativa local con 40 nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFILAT) en materia de lavado de dinero. Dijo no estar de acuerdo con las modificaciones hechas horas antes por los diputados, pero que finalmente votaría por el proyecto, debido al tiempo fatal que tiene el país en tener esa normativa.
La iniciativa aumenta las sanciones penales y duplica las multas a quienes incurran en el delito, y además castiga el financiamiento del terrorismo. Asimismo, prohibirá la compra en efectivo de inmuebles, vehículos y joyas por montos iguales o mayores a un millón de pesos, RD$500,000 y RD$450,000, respectivamente.
También prevé que la persona que convierta, transfiera o trasporte bienes para disimular la naturaleza de su procedencia podría ser sancionado con una pena de 10 a 20 años de prisión mayor y una multa de 200 a 400 salarios mínimos. En la legislación actual, la Ley 72-02, el castigo es entre cinco y 20 años de prisión y una multa de 50 y 200 salarios mínimos.
Contempla la inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o contratar con entidades de intermediación financiera, participantes de valores y entidades públicas.
Además, indica que cuando una persona sea condenada por violación a la ley, el tribunal ordenará que los bienes, productos e instrumentos relacionados con la infracción sean decomisados, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.
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