El Estado comparte con el sector privado fracaso del sector eléctrico.
La capitalización de las empresas eléctricas no surtió el efecto deseado.
La oscuridad ha sido la eterna compañera de los dominicanos. Desde los primeros intentos para electrificar las calles y hogares de la ciudad de Santo Domingo, en 1896, y la posterior adquisición del Gobierno, casi cien años después de la Compañía Eléctrica de Santo Domingo (CESD), que en entonces se hallaba en manos norteamericanas, los apagones no han cesado.
Y cuando en 1997 se promovía que la Ley 141-97, de Reforma de la Empresa Pública, que puso en manos del sector privado buena parte de la estructura eléctrica nacional, tras la capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), impulsada durante el primer Gobierno de Leonel Fernández, resolvería de una vez y por todas el ancestral problema, la realidad ha sido otra.
Con la capitalización, la CDE se fraccionó en tres empresas de generación, (EgeHaina, Egeitabo y Egehid); tres empresas de distribución (Edesur, Edenorte y Edeeste) y una empresa de transmisión (ETED). Se reservaron a la CDE las generadoras hidroeléctricas y la transmisión y se procedió a la incorporación de empresas privadas en la generación de energía y se adjudicó, aunque por poco tiempo, el negocio de la distribución de energía a varias empresas privadas, manteniendo el Estado acciones en cada una de ellas en razón de los activos aportados a las mismas.
No obstante, esta fórmula no dio solución a los problemas del suministro energético, que sigue poniendo freno al desarrollo de importantes sectores productivos, y al mismo tiempo, alimentando el descontento de la población, que ante los largos cortes de electricidad ha debido proveerse de corriente alternativa autogenerada con inversores y plantas.
Para hacer frente a esta realidad, la última apuesta del Gobierno de Danilo Medina ha sido embarcarse en la instalación de dos plantas a carbón en Punta Catalina, Baní, con la intención de “zafarse”, en parte, de las garras del sector privado que mantiene la hegemonía en la generación, y al que anualmente debe desembolsar astronómicas sumas de dinero por la energía servida.
Las razones del fracaso
Las razones del descalabro del sistema eléctrico son atribuidas a diversas causas, a juicio de tres expertos en materia energética consultados por elCaribe.
Para el exdirector del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, José Luis Moreno San Juan, las deficiencias del sector se deben a una cadena de planes de expansión no ejecutados por los gobiernos que se han sucedido del 1956 a la fecha.
El profesional de la ingeniería se remonta al primer gran plan de electrificación total, concebido a finales de la Era de Trujillo, en el 1956 y que debió concluir en el 1976. El mismo no llegó a ejecutarse a plenitud, y tras la muerte del tirano, narra, se fueron creando otros planes para contrarrestar el déficit de generación, dejando de lado aspectos igual de importantes como la distribución y transmisión. “Se hicieron planes sobre planes y ninguno llegó a ejecutarse a un 60%, o sea, que el problema generalmente se produjo por eso”, recuerda.
De su lado, el ingeniero Bernardo Castellanos considera que, al día de hoy, las altas pérdidas de las distribuidoras, ocasionadas por la falta de inversión, ineficiencia y pésima gestión de la propia Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), unido a sus altos gastos corrientes, son los causantes del problema.
Mientras, para el vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), entidad que agrupa las empresas de generación eléctrica privada, Milton Morrison, los tres obstáculos que ha tenido el sector eléctrico están vinculados con su sostenibilidad financiera. “Tener una industria eléctrica que no puede garantizar una operación eficiente, de calidad y con un suministro constante de 24 horas y mucho menos cobrar toda la energía que suple impacta de manera negativa cualquier aspecto vinculado con la productividad nacional. De igual manera, la falta de voluntad política para llevar a cabo las acciones necesarias para resolver el problema y el incumplimiento de la ley y su reglamento”, afirma.
Los tres coinciden en que el problema no radica en la titularidad de las empresas eléctricas, sino en la falta de una gestión basada en la planificación que vaya acompañada de acciones específicas que contribuyan a frenar el creciente déficit financiero del sector eléctrico.
Capitalización no fue solución
Aunque Castellanos valora como positiva la incursión del sector privado en la industria eléctrica, en cuanto a la inversión en plantas de generación que han aumentado la capacidad del parque eléctrico, no deja de reconocer las sombras de contratos mal negociados por los gobiernos de turno, ocasionando grandes pérdidas financieras al Estado dominicano y ganancias extraordinarias a los generadores privados.
En ese sentido, Moreno San Juan, critica que dichos contratos se negociaron con precios muy por encima de lo que hubiese sido la libre competencia, “precios de usura prácticamente, entonces no veo que el sector privado sea el garante de que todo va a funcionar bien en el sistema”. En ese sentido, considera que la capitalización fue un fracaso por la forma en que se ejecutó y se planificó.
Sin embargo, Milton Morrison niega que el sector privado no haya llenado las expectativas, ya que no ha sido propietario en mayoría de la industria eléctrica, ni antes ni después de la reforma.
Cree con más plantas pacto no sería necesario
Para Moreno San Juan se debe buscar un nuevo modelo para el sistema eléctrico dominicano, con un plan de expansión de costo mínimo que dé cabida a las energías renovables, sobre todo, a las fotovoltaicas. Tras favorecer la instalación de plantas a carbón, añade que si del año 2000 a la fecha el Estado hubiese instalado 1,800 megavatios, no habría necesidad de firmar un pacto eléctrico. En tanto, el vicepresidente de la ADIE, considera que el referido pacto debe ir encaminado a dar respuesta a los consumidores. “El pacto no tiene sentido si no pone al consumidor como el centro, porque un consumidor satisfecho va a contribuir con la sostenibilidad del servicio”.
US$864.4 MM
El Estado logró renegociar la deuda que tenía con los generadores por US$864.4 MM a un monto de US$778.3 millones.
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