La clase política contraataca conforme crecen las críticas contra las extralimitaciones de la judicatura.

Los cineastas brasileños lanzaron la semana pasada ‘Policía Federal: Nadie está por encima de la ley”, una celebración cinematográfica de Lava Jato, la histórica investigación sobre corrupción que ha amenazado con trastocar la clase dirigente política del país.

Incluso en momentos en que se estrenaba la película, la policía federal reveló que había encontrado la mayor reserva de dinero procedente de actividades delictivas en el país en un apartamento en Salvador, en el noreste de Brasil: R$51 millones supuestamente pertenecientes a Geddel Vieira Lima, un ex ministro del gobierno del presidente Michel Temer.

El entonces empresario convertido en testigo del estado Joesley Batista, ex presidente de la empresa empacadora de carne JBS, fue arrestado por sospechas de que había contratado secretamente a uno de los investigadores de Lava Jato para que lo asesorara en su negociación de la condena en un escándalo de soborno.

Más de tres años después de que Lava Jato comenzó en abril de 2014, la investigación de la corrupción en Brasil y sus ramificaciones siguen produciendo resultados espectaculares, desde el presunto tesoro del Sr. Vieira Lima hasta un escándalo en mayo por una conversación grabada en la que el presidente Temer supuestamente hablaba de sobornos con el Sr. Batista de JBS.

Pero conforme ha crecido su éxito en la lucha contra la antigua tradición brasileña de impunidad para los ricos y poderosos, igualmente se han acentuado las críticas contra Lava Jato por parte de una clase política que está luchando por su supervivencia. El creciente poder de la policía, los fiscales y los jueces independientes también ha despertado críticas por su extralimitación.

Rodrigo Janot, quien fue nombrado fiscal general hace cuatro años y debe terminar su mandato la próxima semana, ha tratado de terminar por todo lo alto. Esta última semana acusó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y por primera vez a su sucesora Dilma Rousseff y a ministros y altos funcionarios de su izquierdista Partido de los Trabajadores de administrar una “organización criminal” durante sus más de 13 años en el poder entre 2002 y 2016. Después de este caso, el Sr. Janot realizó acusaciones similares contra los líderes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño del Sr. Temer. Todos los acusados han emitido furiosos desmentidos.

El otro caso emblemático del Sr. Janot ha sido intentar llevar a juicio al Sr. Temer por corrupción en la Corte Suprema a causa de la conversación con el Sr. Batista de JBS. El empresario grabó secretamente la conversación, antes de presentarla a la fiscalía a cambio de una negociación de la condena.

Pero este caso ha amenazado con implosionar después de que surgió una nueva cinta este mes, esta vez presuntamente del Sr. Batista hablando con un colega ejecutivo de JBS. Ambos discutieron en secreto el haber recibido ayuda de quien entonces era un fiscal público, Marcelo Miller, para acordar su negociación de la condena. El Sr. Miller niega las acusaciones. Pero el Sr. Batista y el ejecutivo, Ricardo Saud, fueron puestos bajo arresto temporal durante el fin de semana en espera de una investigación.

La furia pública por la negociación de la condena de los Batista, mediante la cual Joesley y su hermano Wesley, el jefe ejecutivo de JBS, quedaron exentos de penas de cárcel, ya era elevada antes de la polémica sobre el presunto conflicto de intereses que involucra al Sr. Miller. Los analistas dijeron que el asunto amenazaba con debilitar la popularidad de los fiscales con el público.

Otros han criticado la forma en que opera el sistema de justicia penal de Brasil. Geoffrey Robertson QC, un abogado de derechos humanos internacionales quien representa al Sr. Lula da Silva, dijo que Sérgio Moro, el magistrado principal, actuó como “juez instructor” y juez de sentencia, un conflicto de intereses.

El juez Moro condenó al ex presidente a casi 10 años de cárcel en julio.

Los críticos apuntan a otros supuestos errores tales como mantener a los sospechosos en detención preventiva sin cargos durante períodos indefinidos y el riesgo de que los delincuentes podrían comenzar a “fabricar” negociaciones de la condena tendiéndoles trampas a otros para escapar de la cárcel.